G9 Alliance sostuvo que una reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos cuestiona las restricciones automáticas a pacientes de cannabis medicinal para obtener licencias de armas
SAN JUAN, Puerto Rico
La organización G9 Alliance Inc., que agrupa a operadores de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico, exhortó al Senado a evaluar cuidadosamente el Proyecto de la Cámara 651, una medida que propone restringir el acceso a licencias de armas para pacientes de cannabis medicinal. El planteamiento surge tras una reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, según la entidad, tiene implicaciones para el debate sobre derechos constitucionales y política pública.
La organización destacó la decisión emitida en el caso United States v. Hemani, la cual, según explicó, establece que el uso de cannabis por sí solo no debe servir automáticamente como base para privar a una persona de derechos constitucionales cuando no existe evidencia de adicción, intoxicación, conducta violenta o incapacidad que represente un riesgo para terceros.
Actualmente, el Proyecto de la Cámara 651 se encuentra ante la consideración del Senado luego de haber sido aprobado por la Cámara de Representantes. De acuerdo con G9 Alliance, la medida busca enmendar la Ley de Armas de Puerto Rico para impedir que personas con licencia de cannabis medicinal puedan obtener una licencia de armas.
El director ejecutivo de la organización, José Aleczer Rivera, sostuvo que el debate debe abordarse desde la evidencia y no desde presunciones generales sobre los pacientes de cannabis medicinal. Según indicó, la discusión no debe plantearse como una disyuntiva entre cannabis y seguridad pública, sino como un esfuerzo por establecer criterios objetivos para evaluar riesgos individuales.
La entidad expresó preocupación por el posible impacto de la medida sobre pacientes que utilizan cannabis medicinal como parte de tratamientos autorizados para condiciones como dolor crónico, cáncer, trastornos neurológicos, ansiedad severa o estrés postraumático.
G9 Alliance aclaró que no favorece que personas intoxicadas, con historial de violencia o que representen un riesgo real tengan acceso a armas de fuego. Sin embargo, defendió que las determinaciones sobre licencias de armas se realicen mediante evaluaciones individualizadas y no mediante prohibiciones automáticas basadas exclusivamente en la condición de paciente de cannabis medicinal.
La organización indicó además que está dispuesta a colaborar con la Asamblea Legislativa, agencias gubernamentales y otros sectores para desarrollar alternativas que armonicen la seguridad pública con los derechos de los pacientes y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales.
