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Puerto Rico

Proponen IVU para cannabis recreacional y eximir el medicinal para pagar las pensiones

En la alternativa, los proponentes sugieren legalizar las 80,000 máquinas de juegos de azar que actualmente operan de forma ilegal

La propuesta propone eximir del IVU a las ventas de cannabis medicinal a personas con licencia.

Por Miguel Díaz Román
Especial para Crónicas

San Juan (1 de junio de 2021) – Los líderes de un movimiento que promueve la puesta en vigor de la Ley 80 del 2020, o Ley de Retiro Incentivado, que promete una ventana de retiro a los empleados públicos con una pensión equivalente al 50 % de sus salarios, han presentado en la Fortaleza y en la Legislatura una propuesta para financiar la ley por medio de la legalización del cannabis recreacional, lo que podría convertir a Puerto Rico en la decimoquinta jurisdicción de los Estados Unidos que permite el uso legal del cannabis para adultos.

Otra alternativa de la propuesta es legalizar las 80,000 máquinas de juegos de azar o la mayor parte de ellas, que actualmente operan de forma ilegal. La Ley de Reforma Contributiva del 2018, o Ley 257, ordenó la legalización de solo 45,000 máquinas en menos de cinco años, junto con el establecimiento de un sistema de interconexión para que el gobierno puede generar ingresos de las jugadas.

La propuesta fue presentada por Ángel Maldonado y Juan Molinary, portavoces de la página de Facebook “Ley 447 y Ley 1, queremos nuestro retiro”, que posee entre los empleados públicos miles de seguidores y quienes respaldaron la aprobación de la Ley 80. 

Maldonado y Molinary explicaron que su propuesta contiene varias alternativas con el fin de identificar una fuente recurrente de ingresos para pagar las pensiones de los empleados públicos que se acojan a la Ley 80. 

Agregaron que su iniciativa surge como respuesta al rechazo a la Ley 80 por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), debido a que el gobierno no puede financiar su costo, estimado en más de $8,300 millones en 30 años. La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, ha amenazado con acudir al Tribunal Federal para solicitar la inhabilitación de la Ley 80, si el gobierno insiste en ponerla en vigor. 

Al final del pasado año, el administrador de los Sistemas de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, emitió una carta circular en la que informó que la Ley 80 no entraría en vigor hasta que el gobierno llegue a un acuerdo con la JSF.  No obstante, Collazo Rodríguez informó que 10,553 empleados públicos han manifestado interés en acogerse a la Ley 80, de los cuales 6,564 han sido catalogados como empleados esenciales.

“Exhorto a la Legislatura que se reúnan con el gobernador para discutir nuestra propuesta y aprobar algunas de las fuentes de repago para la ley 80 que hemos recomendado”, indicó Maldonado.

Molinary sostuvo que “después de varias reuniones en las últimas semanas la propuesta fue entregada en la Cámara, el Senado y en la Fortaleza. Solicitamos al gobernador que cumpla con la promesa que aparece en su plan fiscal de aumentar las pensiones a 50 % para que los empleados públicos que no sean elegibles para participar de esta ventana, tengan una mejor aportación a su pensión”.

La propuesta propone gravar el cannabis recreacional con un impuesto a la venta de 13% y un impuesto de 3% a los cultivos y los procesos de manufactura. Actualmente en Estados Unidos existen 14 estados que han legalizado el cannabis recreacional para adultos y Nueva York es el último estado en aprobar la legalización. 

Maldonado y Molinary explicaron que ante la posibilidad de que el gobierno no avale legalizar la marihuana recreacional se presentó como alternativa permitir la venta de cannabis medicinal a personas adultas sin licencia. Además, se propuso aprobar un impuesto de 13 % al cannabis medicinal vendido a personas sin licencia, junto con un impuesto de 3% para los cultivos y la manufactura. 

La propuesta propone eximir del IVU a las ventas de cannabis medicinal a personas con licencia. 

Sobre la legalización de las máquinas de juegos de azar, la propuesta recomienda legalizar las 80,000 máquinas que constituyen el universo total de este sector, o aquella cantidad que supere las 45,000 máquinas avaladas por la Ley 257 y que no constituya una saturación del mercado. 

La ilegalidad de estas máquinas estriba en que premian al jugador con dinero en efectivo. Las únicas máquinas autorizadas por ley a premiar al jugador con dinero en efectivo son las máquinas tragamonedas de los casinos y las máquinas que administra el hipódromo Camarero.

Además, la Ley 257 autoriza a la Comisión de Juego de Puerto Rico, creada por la Ley 81 de 2019, a contratar un proveedor privado que establecerá un sistema de interconexión de las máquinas de juegos de azar con el gobierno para capturar los ingresos que generen. En los pasados meses la Comisión retiró temporeramente el anuncio de solicitud de propuestas técnicas para el sistema de interconexión, con el fin de realizar cambios al documento. 

La propuesta ofrece una idea de la capacidad para generar ingresos de cada alternativa. Se estima que cada máquina de juegos de azar puede generar en promedio $36 en ingreso sujeto a contribución diariamente. En un escenario ideal en el que estuvieran operando las 45,000 máquinas, el ingreso sujeto a contribución generado por esas máquinas durante 365 días se estima en $591.3 millones. Como resultado de la imposición de la tasa de 33 % contra las ganancias que ordenó la Ley 257, el gobierno obtendría un ingreso de $195.1 millones al año. 

Una proyección hipotética que contempla la legalización de 40,000 máquinas adicionales a generaría un ingreso sujeto a contribución de $525.6 millones. Al aplicar la tasa de 33 %, el ingreso que obtendría el gobierno sería de $173.4 millones por 40,000 máquinas adicionales. 

Sobre la alternativa de cannabis medicinal las estadísticas del Departamento de Hacienda demuestran que sus ventas han aumentado desde el 2018, cuando ascendieron a $12.7 millones, $49.4 millones en 2019, $129.3 millones en 2020 y $229.2 millones en los primeros seis meses del año fiscal 2021.

Mientras los recaudos del IVU totalizaron $3.1 millones en 2018; $9.4 millones en 2019; $18.9 millones en 2020 y $15.1 millones en los primeros seis meses del año fiscal 2021. La cantidad de pacientes con licencia para adquirir cannabis medicinal asciende actualmente a 112,000.

En la relación con la alternativa de legalizar el cannabis recreacional no se ofrece un escenario pues existe un vacío de información sobre los consumidores de ese producto, aunque se reconocen que son mucho más que los 112,000 pacientes con licencia y el potencial de generar ingresos es sustancial. De hecho, la administración del gobernador Andrew Cuomo en New York estima que la legalización del cannabis recreacional creará hasta 30,000 nuevos empleos y generará $350 millones en ingresos anuales para el gobierno, que se propone imponerle una tasa contributiva de 13 %.

La Ley 80 es parte de un paquete de tres medidas, las Leyes 80, 81 y 82, firmadas por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en 2020, que han sido rechazadas por la JSF. La Ley 81 garantiza un pago mensual de jubilación equivalente al 50 % del salario a los policías, bomberos y otros empleados de agencias de seguridad del gobierno.

La Ley 82 autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.

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