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Puerto Rico

Prohibidas las armas para los pacientes de cannabis

A pesar de que los documentos de la policía establecen renglones para que el solicitante especifique si es o no usuario a sustancias controladas, los formularios del Departamento de Salud no cuentan con encasillados específicos para conocer si el futuro paciente es portador de armas

Por Némesis Mora Pérez
Especial para Revista Crónicas

Pedro Díaz —seudónimo— tiene 65 años y desde los 21, ejerce su derecho constitucional como portador de armas. Desde hace tres años, se registró en el Departamento de Salud como paciente de cannabis medicinal para tratar sus dolores crónicos a causa de una artritis reumatoide severa, una cirugía en la espalda baja y un reemplazo de rodilla. Tanto su doctor de cabecera como su reumatólogo, le recomendaron el consumo de aceites cannabinoides y el licenciamiento como paciente.

“El cannabis me ayudó con los dolores y, como es un relajante, también me ayudó a dormir. Yo, como todos los que conozco que tienen la misma condición de reumatoide, no podemos dormir más de 3 horas. Es bien molesto y por las noches ataca peor”, aseguró Pedro a Revista Crónicas. 

Aunque la obtención de ambas licencias es ilegal bajo disposición federal, Pedro nunca ha tenido inconvenientes con la ley y continúa con la compra de armas y accesorios en las armerías del país. Como él, y según reveló en entrevista telefónica, existen muchísimos pacientes más. 

“Al ser recomendado por dos doctores, yo pensé que eso no traía ninguna consecuencia porque lógicamente es un medicamento. Hasta que empecé a escuchar a la gente decir que no podían tener armas porque tenían licencia de cannabis. Ahí uno pone en duda el porqué si esto es medicina para mí”, dijo Pedro.

Aunque el cannabis medicinal es legal desde el 2017 bajo la Ley 42, está categorizada como sustancia ilegal a nivel federal ya que no está aprobada por la Federal Drug Administration (FDA). 

Según explicó el capitán Carlos Figueroa, asesor de la Oficina del Comisionado del Negociado de la Policía, entre los documentos obligatorios a llenar se encuentra la forma federal 4473, donde se le pregunta al solicitante si es usuario de sustancias controladas, incluyendo el cannabis medicinal. 

De encontrarse alguna información falsa, se podría considerar perjurio y, por consiguiente, podría conllevar multas y/o pena de cárcel.

“Una vez la persona marca que sí, automáticamente y por disposición federal, a esa persona no se le puede entregar un arma de fuego. Y si la persona es paciente y marca que no, ya está cometiendo perjurio. Si se entiende que ocurrió perjurio, eso es un delito grave y de ser culpable, habrá retención o imposición de multas. O ambas cosas”, añadió el capitán Figueroa. 

Incongruencias legales 

A pesar de que los documentos de la policía establecen renglones para que el solicitante especifique si es o no usuario a sustancias controladas, los formularios del Departamento de Salud no cuentan con encasillados específicos para conocer si el futuro paciente es portador de armas. 

“La solicitud de licencia para pacientes de cannabis medicinal en la plataforma digital del Departamento de Salud, no cuenta con un encasillado en la cual la persona indique que es portador de armas legalmente o no. Nos enteramos que a los pacientes les interesa portar armas cuando acuden a la Oficina para entregar la licencia de paciente y darle de baja del sistema, dado que ambos asuntos son incompatibles”, aseguró por escrito la directora de la Oficina de Cannabis Medicinal, la licenciada Denisse Maldonado. 

Para atajar los actos ilícitos, La ley 168 de 2019, que crea la nueva Ley de Armas de 2020, faculta a la Policía de Puerto Rico la capacidad de realizar búsquedas en cualquiera de las bases de datos del gobierno y llevar a cabo un sistema de rastreo ante algún caso particular. Además, el Departamento de Salud también cuenta con un registro con las personas licenciadas como pacientes de cannabis.  

En cuanto a la posibilidad de flexibilizar la ley y extender el derecho a portación de armas a pacientes de cannabis, tanto el capitán Figueroa como la licenciada Maldonado coincidieron en que son asuntos y decisiones federales. Por tanto, no se podrían llevar a cabo enmiendas de este tipo a nivel estatal. 

“Es importante estar al pendiente de los cambios a nivel federal que afectarán directamente a los pacientes en Puerto Rico”, concluyó Maldonado.

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