La Policía revirtió la retención del arma y la licencia de una paciente tras un recurso de CODEPOLA, mientras el abogado Gabriel Antonio Sifre advierte que todavía deben ajustarse los procedimientos locales al fallo del Supremo federal
SAN JUAN, Puerto Rico
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que rechazó desarmar automáticamente a una persona por su consumo regular de cannabis ya comienza a tener repercusiones en Puerto Rico, donde la Policía revirtió recientemente la retención de la licencia y el arma de fuego de una paciente autorizada de cannabis medicinal después de que el caso llegara al Tribunal de Apelaciones.
El nuevo escenario, sin embargo, requiere cautela, según el abogado Gabriel Antonio Sifre, quien advirtió que los pacientes no deben interpretar la decisión federal como una autorización automática para asumir que pueden poseer ambas licencias sin que antes se ajusten los procedimientos correspondientes en Puerto Rico.
“Todavía no ha cambiado nada hasta que no se vean los formularios con los cambios”, sostuvo Sifre durante una entrevista en el programa Seguros y Finanzas, por Radio Isla 1320.
El abogado se refirió a United States v. Hemani, resuelto por el Tribunal Supremo federal el 18 de junio. El caso involucró a Ali Danial Hemani, quien utilizaba cannabis varias veces a la semana y fue acusado bajo una disposición federal que prohíbe la posesión de armas a una persona que sea usuaria ilegal o adicta a una sustancia controlada.
El Supremo confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito y concluyó que el gobierno no podía justificar la acusación contra Hemani basándose únicamente en su consumo admitido de cannabis. La opinión fue emitida por el juez Neil Gorsuch y recibió el respaldo del presidente del Supremo, John Roberts, y de los jueces Clarence Thomas, Sonia Sotomayor, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson.
La decisión no elimina, sin embargo, toda posibilidad de restringir la posesión de armas relacionada con el consumo de sustancias controladas. El Supremo analizó específicamente la aplicación de la prohibición federal a Hemani y distinguió entre el mero uso de cannabis y circunstancias que puedan demostrar peligrosidad.
Sifre entiende que el fallo obliga a revisar los procedimientos utilizados en Puerto Rico para atender las licencias y adquisiciones de armas de pacientes de cannabis medicinal.
“Todos los formularios los van a tener que cambiar y los van a tener que atemperar a la realidad de la opinión del Tribunal Supremo”, sostuvo.
Un caso reciente demuestra que la controversia ya trascendió el terreno teórico en Puerto Rico.
Según informó la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), el Negociado de la Policía dejó sin efecto una determinación mediante la cual había retenido la licencia de armas y ocupado el arma de fuego de Alexandra Rivera Medina, quien también posee una licencia vigente de cannabis medicinal.
El caso surgió después de una intervención policial en la que agentes alegadamente encontraron una sustancia que aparentaba ser cannabis, según la versión ofrecida por CODEPOLA.
La organización sostuvo que durante la vista de Regla 6 no se encontró causa para arresto y que posteriormente el Ministerio Público acudió a una vista en alzada, donde nuevamente prevaleció la determinación de no causa.
CODEPOLA acudió entonces al Tribunal de Apelaciones para cuestionar la retención de la licencia y del arma.
El foro apelativo terminó desestimando el recurso por haberse tornado académico después de que la Policía dejara sin efecto su determinación, según informó la organización.
Para el presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, el desenlace debe provocar una revisión más amplia de otros casos similares.
“Este caso demuestra que los derechos constitucionales no pueden depender de la interpretación particular de un funcionario o de una agencia. Los ciudadanos tienen derecho a reclamar y a exigir que el Gobierno actúe conforme a la Constitución y las leyes”, sostuvo Torres Meléndez en declaraciones escritas.
CODEPOLA reclamó específicamente que la Policía identifique y revise otros casos en los que haya retenido licencias u ocupado armas de personas que también sean pacientes autorizados de cannabis medicinal.
“Esperamos que se proceda caso por caso, con diligencia y sin obligar a cada ciudadano afectado a iniciar un litigio para recuperar lo que legalmente le corresponde”, expresó Torres Meléndez.
Según CODEPOLA, la Policía reconoció ante el Tribunal de Apelaciones que cumpliría con lo establecido por el Tribunal Supremo federal. La organización anunció además que su División Legal coordinará con el Negociado de Armas la entrega a Rivera Medina de su licencia, arma y municiones.
El resultado de ese caso no lleva a Sifre, sin embargo, a recomendar que los dispensarios aseguren a sus pacientes que la controversia jurídica está definitivamente resuelta.
“Yo si estuviera en un dispensario, yo no le voy a decir a las personas ‘ya lo puedes hacer’, porque todavía el documento no está atemperado a la nueva realidad”, señaló.
Para Sifre, primero deben modificarse los formularios y procedimientos correspondientes para que reflejen el nuevo escenario establecido por el Supremo.
“Hay que esperar responsablemente y decirle a la persona: hay que esperar a que el documento lo cambien para entonces uno poder sentirse que está completamente legal”, añadió.
La posición cautelosa del abogado y el caso impulsado por CODEPOLA reflejan dos dimensiones de un mismo cambio. Por un lado, la decisión de Hemani limita la capacidad del gobierno para justificar una prohibición de armas únicamente por el consumo de cannabis. Por otro, las agencias puertorriqueñas todavía enfrentan el proceso de adaptar sus prácticas y documentos a las consecuencias de esa determinación.
Torres Meléndez reclamó que ese proceso no dependa de que cada paciente tenga que acudir individualmente a los tribunales.
“Ahora le corresponde al Gobierno demostrar que las expresiones de cumplimiento con el Tribunal Supremo no se quedan en palabras. Queremos ver acción, revisión de los casos y respeto al debido proceso de ley y a los derechos constitucionales de los ciudadanos”, concluyó.
