El informe señala que Salud Digital cobra $19.95 por las transacciones de la Junta de Cannabis Medicinal y cuestiona la ausencia de un proceso competitivo para seleccionar al proveedor
SAN JUAN, Puerto Rico
La plataforma utilizada por el Departamento de Salud para procesar trámites de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal forma parte de un contrato tecnológico cuestionado por la Oficina del Inspector General (OIG), que identificó ausencia de un proceso competitivo para seleccionar al proveedor y otras deficiencias en la contratación.
El señalamiento forma parte del Informe de Examen OIG-E-27-002, resultado de una evaluación de los procesos de contratación de servicios tecnológicos e informáticos del Departamento de Salud. El examen cubrió el periodo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025.
La OIG identificó, entre otras situaciones, ausencia de un proceso competitivo para seleccionar al proveedor de Salud Digital, acceso del contratista a documentos, procesos y personal gubernamental antes de formalizar el contrato y contrataciones realizadas en contraposición a las normativas aplicables.
El informe identifica a la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal como una dependencia adscrita a la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública y responsable de administrar y fiscalizar las leyes y reglamentación vigente sobre cannabis medicinal.
Salud Digital sustituyó a la plataforma Renovaciones Online y, según el informe, permite ofrecer a los ciudadanos servicios de emisión y renovación de permisos, certificaciones y licencias. El contrato entre Salud y el proveedor fue firmado el 19 de mayo de 2025 y tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2030.
Cannabis medicinal tiene cargo fijo de $19.95
Aunque el contrato establece un pago nominal de $1 anual por parte del Departamento de Salud, el proveedor está autorizado a cobrar un cargo de procesamiento por cada transacción realizada mediante Salud Digital.
El informe explica que cada transacción genera dos cobros. El primero corresponde al costo del servicio gubernamental y se deposita en una cuenta bancaria a nombre del Departamento de Salud. El segundo es el cargo de procesamiento que cobra directamente la compañía y que aparece identificado en el portal como “cargo por conveniencia”. Ese dinero se deposita en una cuenta bancaria a nombre del contratista.
Los cargos varían dependiendo de la dependencia de Salud y el tipo o valor de la transacción.
Para la Junta de Cannabis Medicinal, la tabla del contrato reproducida por la OIG establece un cargo de procesamiento de $19.95.
La OIG también utilizó una transacción relacionada con cannabis medicinal para ilustrar las diferencias en el impacto proporcional de los cargos.
Según el informe, una transacción de $1,519.95 correspondiente a la licencia de Médico Autorizado ante la Junta de Cannabis Medicinal conlleva un cargo fijo de $19.95, equivalente al 1.3% del valor de la transacción.
El organismo contrastó ese ejemplo con una transacción de $15 para la expedición de un permiso de disposición de cadáver, cuyo cargo de procesamiento de $5 representa aproximadamente el 33.3% del valor del servicio.
Para la OIG, esa diferencia evidencia que la estructura tarifaria impone una carga proporcionalmente mayor sobre las transacciones de menor cuantía.
El informe no establece que $1,519.95 sea necesariamente la cantidad que actualmente pagan los médicos por solicitar o renovar su autorización. Por esa razón, esta publicación se limita al ejemplo y las cantidades consignadas por la OIG en el informe.
Contrato de $1 podría generar alrededor de $9 millones
La OIG cuestionó que el valor económico de la contratación se evaluara únicamente a partir del desembolso nominal realizado por el Gobierno.
El contrato establece un pago nominal de $1 anual por parte de Salud, pero permite que el proveedor genere ingresos mediante los cargos de procesamiento pagados directamente por los ciudadanos.
Utilizando datos históricos de transacciones de la plataforma anterior, la OIG proyectó que el proveedor podría generar aproximadamente $9 millones en cargos de procesamiento durante la vigencia del contrato. Por su parte, la Junta de Supervisión y Administración Financiera estimó el valor real del acuerdo en aproximadamente $7.5 millones.
La Junta de Supervisión había señalado en agosto de 2025 que el valor utilizado para determinar si un contrato alcanzaba el umbral de $10 millones de su política de revisión debía ser el valor total esperado y no únicamente la cantidad desembolsada por el Gobierno.
Tras intercambios de información con Salud, la Junta de Supervisión determinó en octubre de 2025 que el valor real del contrato no alcanzaba ese umbral. No obstante, recomendó al Departamento realizar un proceso competitivo en un plazo de 90 días para promover la competencia, evitar la apariencia de irregularidades y aumentar la confianza pública en la contratación gubernamental.
Salud sostuvo que no era necesario competir el contrato
El Departamento de Salud certificó a la OIG que de sus expedientes no surgía evidencia de un proceso competitivo para la contratación.
La agencia argumentó que tampoco era necesario debido a que el pago nominal establecido en el contrato era de $1 anual.
En su respuesta a los hallazgos, el secretario de Salud sostuvo que la Orden Ejecutiva 2021-029 requiere un proceso abierto de competencia para contratos de servicios profesionales de $250,000 o más durante un año fiscal. Según la posición de Salud recogida por la OIG, como el pago de la agencia es de $1 por año fiscal y el contrato tiene una duración de cinco años, el desembolso total del Departamento sería de $5.
La OIG mantuvo su señalamiento.
El organismo indicó que en el expediente examinado no encontró evidencia de un proceso abierto y competitivo, de la publicación de la necesidad de los servicios ni de la evaluación de propuestas conforme a los parámetros aplicables, aun cuando el contrato contenía una certificación de cumplimiento.
“La transformación digital del Gobierno debe estar acompañada de controles que garanticen transparencia, competencia y protección del interés público. Cuando un servicio tecnológico se sostiene mediante cargos pagados directamente por los ciudadanos, resulta indispensable evaluar el verdadero valor económico de la contratación y asegurar procesos transparentes”, expresó la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.
Proveedor tuvo acceso antes de formalizarse el contrato
Otro de los hallazgos de la OIG se relaciona con las actuaciones realizadas antes de que el contrato fuera formalizado el 19 de mayo de 2025.
Según el informe, Salud entregó a la OIG comunicaciones desde el 11 de febrero de 2025 relacionadas directamente con la creación y configuración de los módulos de Salud Digital.
La OIG determinó que, antes de formalizarse el contrato, el proveedor solicitó información sobre procesos y asuntos específicos de las áreas operacionales y sobre el desarrollo de la plataforma.
Personal de Salud participó en reuniones, respondió instrucciones, completó plantillas, corrigió información y remitió versiones revisadas. La información solicitada incluía requisitos, certificaciones, subcategorías, costos, textos de certificados, estructuras de tablas, ejemplos de documentos oficiales y cifras de cuentas de depósitos del Gobierno, entre otros elementos.
La OIG señaló que esos intercambios eran característicos de un proceso activo de diseño y desarrollo de un sistema y no solamente de una recopilación preliminar de información.
El organismo añadió que, de acuerdo con documentación y entrevistas confidenciales realizadas a personal de Salud, esas gestiones generaron cuestionamientos relacionados, entre otros asuntos, con proveer información confidencial y participar en reuniones sin que existiera un contrato vigente.
La OIG también encontró que el personal del contratista solicitaba información mediante correos enviados tanto desde cuentas vinculadas al dominio de la compañía como desde cuentas privadas. Esa práctica continuó después de formalizarse el contrato y, según el informe, reflejó un uso no estandarizado de canales externos que no estaban sujetos a los controles institucionales aplicables.
OIG mantiene los señalamientos
El Departamento de Salud tuvo oportunidad de responder a los hallazgos. La respuesta del secretario fue recibida el 14 de agosto de 2026 y, según la OIG, los comentarios y la evidencia suministrada fueron evaluados antes de completar el informe.
El organismo determinó que los señalamientos incluidos en el documento se sostenían y requerían acciones correctivas formales. La OIG indicó además que gran parte de los hallazgos no fueron acogidos por Salud en su respuesta y que no se anunciaron medidas correctivas concretas para atenderlos.
Como resultado del examen, la OIG emitió ocho recomendaciones. Entre ellas figura cumplir con la recomendación de la Junta de Supervisión de realizar un proceso competitivo para los servicios provistos bajo el contrato de Salud Digital y efectuar un análisis de proporcionalidad tarifaria para evitar que la estructura de cargos imponga una carga económica regresiva sobre las transacciones de menor cuantía.
También recomendó que las coordinaciones técnicas, los análisis funcionales y la revisión de documentos operacionales se realicen únicamente después de que los contratos estén firmados, certificados y debidamente registrados, además de fortalecer los controles administrativos, legales y tecnológicos del Departamento.
La OIG informó que dará seguimiento a la implantación de las medidas correctivas.
