El informe oficial revela fallas estructurales en los laboratorios y recomienda enmendar el reglamento, digitalizar los certificados y crear un ente técnico independiente
SAN JUAN, Puerto Rico – El Departamento de Salud de Puerto Rico restableció la licencia del laboratorio Cannalytics, suspendido desde diciembre de 2024 por manipulación no autorizada de factores de dilución en pruebas analíticas, según confirmaron los periódicos Metro y El Nuevo Día.
La reapertura fue autorizada por la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM), bajo un plan de acción correctivo riguroso y condiciones adicionales, luego de una “evaluación ponderada” que consideró el riesgo de operar con un solo laboratorio activo en la isla.
La directora ejecutiva de la Oficina de Cannabis Medicinal, Marjorie Tolentino Rivera, indicó que la medida se tomó “desde una perspectiva legal, operacional y de política pública”, ya que el marco vigente impide recurrir a laboratorios fuera de Puerto Rico por tratarse de una sustancia controlada a nivel federal. Actualmente, el sistema depende exclusivamente de laboratorios locales para certificar la calidad de los productos disponibles para pacientes autorizados.
La reapertura ocurre paralelamente a la publicación del Informe Final de Auditoría a Laboratorios Autorizados, preparado por la JRCM y presentado formalmente a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2025 por el secretario de Salud, Víctor M. Ramos Otero. En su carta de entrega, Ramos Otero describe el informe como un trabajo técnico “riguroso y detallado” que recoge los hallazgos de la investigación iniciada bajo la Resolución de la Cámara 975.
Aunque el documento no menciona a Cannalytics por nombre, detalla fallas graves detectadas en los laboratorios auditados: alteraciones en datos, errores de certificación, manejo inadecuado de residuos, deficiencias en controles de calidad y participación irregular en pruebas de proficiencia. En los casos más severos, se emitieron Órdenes de Acción Inmediata, levantadas únicamente tras validar que se habían corregido las deficiencias.
Además de documentar los problemas, el informe propone 10 recomendaciones estructurales que buscan reformar el sistema de fiscalización y garantizar la confianza pública en el programa de cannabis medicinal:
- Enmendar el Reglamento 9038, añadiendo métricas sobre validación de métodos y manejo de datos crudos.
- Crear una división interna de auditoría científica, con personal técnico especializado.
- Desarrollar una base de datos pública de certificados de análisis (COAs).
- Institucionalizar ejercicios interlaboratorios para comparar resultados entre establecimientos.
- Considerar la creación de un laboratorio oficial o convenios con instituciones académicas.
- Publicar un Manual Técnico Unificado que estandarice procesos.
- Implementar un sistema de trazabilidad digital con alertas automatizadas.
- Asignar presupuesto recurrente para fortalecer el personal fiscalizador.
- Lanzar campañas educativas dirigidas a pacientes y médicos.
- Establecer un sistema público de puntuación de cumplimiento para laboratorios.
- El informe también identifica que actualmente no existe un sistema digital para que los pacientes accedan directamente a los COAs. Aunque pueden solicitarlos en los dispensarios, se propone implementar códigos QR en los empaques como medida de transparencia y trazabilidad.
