El Proyecto de la Cámara 651 desata críticas al impedir licencias de armas a pacientes de cannabis medicinal y levantar cuestionamientos sobre estigma, derechos y privacidad
SAN JUAN, Puerto Rico – Un proyecto aprobado recientemente por la Cámara de Representantes que impide que pacientes de cannabis medicinal cualifiquen para una licencia de armas fue duramente criticado por representantes de la industria, que lo describen como un retroceso en la política pública del país.
Se trata del Proyecto de la Cámara 651, aprobado el 19 de marzo de 2026 con 36 votos a favor y 12 en contra. La medida establece que una persona con licencia de cannabis medicinal no podrá cualificar para una licencia de armas.
El licenciado Jose A. Rivera, director ejecutivo de G9 Alliance Inc., organización que agrupa a operadores de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico, sostuvo que la legislación representa un retroceso significativo en la política pública del país.
“Aquí se está creando una presunción generalizada peligrosa. Se está tratando a pacientes bajo tratamiento médico como si fueran adictos o personas incapaces, sin evaluación individual ni base científica”, expresó Rivera.
El proyecto, presentado por el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y la representante Lisie Burgos, establece además mecanismos para que el Departamento de Salud pueda compartir con la Policía de Puerto Rico la información necesaria para validar el estatus de pacientes de cannabis medicinal en procesos relacionados a licencias de armas.
La medida fue aprobada sin la celebración de vistas públicas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el proceso legislativo en un tema que impacta derechos constitucionales, civiles y condiciones médicas de miles de personas en Puerto Rico.
Según el informe de la Comisión de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico no avaló el proyecto y expresó preocupaciones sobre posibles conflictos con la legislación federal vigente, al indicar que ya existe un marco regulatorio que atiende la relación entre el uso de cannabis y la posesión de armas.
Por su parte, el Departamento de Salud reconoció en su evaluación que el hecho de que una persona sea paciente de cannabis medicinal no implica incapacidad mental ni abuso de sustancias.
Rivera añadió que la medida coloca a muchos ciudadanos en situaciones difíciles. “Esto tiene consecuencias reales. Personas que dependen de cannabis medicinal para tratar condiciones como cáncer, dolor crónico o trastornos neurológicos podrían verse obligadas a escoger entre su tratamiento médico o su sustento, particularmente en profesiones que requieren licencias de armas”, sostuvo.
El abogado también cuestionó el momento en que se impulsa la legislación, señalando que ocurre en un contexto donde a nivel federal se están evaluando cambios hacia una mayor aceptación del uso medicinal del cannabis. “Mientras otras jurisdicciones avanzan hacia políticas más basadas en evidencia, Puerto Rico parece estar legislando desde el estigma”, expresó.
La medida también ha provocado debate en torno a derechos constitucionales y al alcance del Estado en la utilización de información médica como criterio para restringir derechos civiles. Aunque el proyecto establece que no se divulgarán diagnósticos específicos, expertos han advertido que el uso del estatus de paciente como criterio podría abrir la puerta a impugnaciones legales.
“Esta medida ignora la realidad de un sistema altamente regulado y seguro, y envía un mensaje peligroso que refuerza el estigma hacia condiciones de salud legítimas”, añadió Rivera. “Exhortamos al Senado de Puerto Rico a evaluar esta medida con responsabilidad y a no avalar disposiciones que vulneren los derechos de los pacientes”.
Con su aprobación en la Cámara, el Proyecto de la Cámara 651 pasa ahora al Senado para su consideración.
