La organización pidió a la Policía revisar los casos afectados y cuestionó el intercambio de información sobre pacientes autorizados
SAN JUAN, Puerto Rico
La organización G9 Alliance respaldó el reclamo de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) y solicitó a la Policía de Puerto Rico que atienda con urgencia los casos de pacientes de cannabis medicinal que alegadamente han visto afectadas sus licencias de armas o la ocupación de estas debido a su condición como pacientes autorizados.
La entidad sostuvo que una licencia de cannabis medicinal no debe convertirse en una presunción automática de peligrosidad, incapacidad o abuso de sustancias, y afirmó que cualquier restricción de derechos debe fundamentarse en evidencia individualizada y en el debido proceso.
El director ejecutivo de G9 Alliance, José A. Rivera, indicó que el asunto trasciende el debate sobre la posesión de armas y plantea interrogantes sobre derechos constitucionales, privacidad médica y el trato a pacientes bajo tratamiento autorizado por ley. Además, expresó preocupación por los mecanismos utilizados para identificar a pacientes de cannabis medicinal que también poseen licencias de armas y reclamó transparencia sobre el intercambio de información entre agencias.
La organización también reiteró su oposición al Proyecto de la Cámara 651, al considerar que parte de una premisa que equipara el uso medicinal de cannabis con adicción, peligrosidad o incapacidad. Según G9 Alliance, la medida debe ser revisada a la luz de la reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso United States v. Hemaniy de los reclamos planteados por CODEPOLA.
Como parte de su petición, G9 Alliance exhortó a la Policía a establecer un protocolo para revisar los casos afectados, notificar a las personas impactadas, evaluar la devolución de licencias y armas ocupadas cuando corresponda y garantizar que futuras actuaciones cumplan con los parámetros constitucionales, legales y médicos aplicables.
