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Puerto Rico

Ferrer presenta proyecto para despenalizar el cannabis y permitir su uso adulto

El legislador citó un estudio sobre el impacto comercial del cannabis en Puerto Rico que estima que la venta del uso adulto de esa sustancia en su primer año sería de $522 millones

Por José E. Maldonado
Revista Crónicas

San Juan (2 de febrero de 2022) – El representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Ferrer presentó hoy un proyecto que describió como “de avanzada” que crearía el marco regulador para el uso controlado del cannabis por adultos de 21 años o más en Puerto Rico.

El proyecto regula el uso adulto del cannabis y también robustece los mecanismos para disminuir su alcance a los menores de edad, prohíbe el acto de fumar cannabis y su uso en lugares públicos, además de establecer que el producto será regulado bajo los mismos estándares de producción, calidad y venta que los del cannabis medicinal.

“Urge que Puerto Rico se inserte al siglo XXI. No hay duda de que este proyecto permitirá a Puerto Rico crear un nicho económico que actualmente no existe en el Caribe”, dijo el representante.

Desde 2012, 18 estados y Washington D.C. han legalizado el cannabis para adultos mayores de 21 años, con ventas estimadas de $23,000 millones para este año. Países como México y Uruguay también legalizaron el uso adulto (recreacional) de la planta.

El Proyecto despenalizaría la posesión de cannabis para el uso personal de hasta 28 gramos de flor, 8 gramos de THC en productos concentrados y 800mg de THC en productos comestibles. Una persona que posea la cantidad de uso personal y que no sea de un dispensario autorizado, será multada por $500 y referida a ASSMCA (servicios de salud para la adicción).

El proyecto tendría una aplicación retroactiva para las personas que estén encarceladas actualmente por posesión de cannabis, y en el caso de que su caso tenga otros agravantes, se le eliminaría del récord la parte de posesión de cannabis.

Por otro lado creará una nueva industria produciendo empleos bien pagados, promoverá ahorros gubernamentales y le proveerá nuevos ingresos para el Gobierno a través de la creación del Fondo de Impacto Social e Investigación del Cannabis (FISIC), que serían destinados a las pensiones, a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios, entre otros usos, señaló Ferrer. 

Durante las vistas públicas de la medida se discutirá cuál será el porcentaje de impuestos que se le impondría a los productos de cannabis de uso adulto, ya que hay evitar que el precio suba demasiado y lo haga poco atractivo para las personas que actualmente compran marihuana en el mercado ilegal.

“Es parte importante de la discusión, y el proyecto menciona un impuesto de 20% pero tenemos que sentarnos todos y analizar esa contribución especial para evitar que el mercado negro exista, y para que eso ocurra, hay que tener un precio competitivo, y entendemos que ese 20% lo es,” contestó Ferrer a preguntas de este medio.

Un 6% de los recaudos se utilizarían para la compra de equipos para la Policía de Puerto Rico, incluyendo tecnología que permita a los agentes identificar si un conductor está bajo los efectos de sustancias controladas.

Otro 5% se destinaría a la Junta Reglamentadora de Cannabis para que fiscalice la industria y un 3% para contratar inspectores a tiempo completo, ya que la mayor parte de esa dependencia del Departamento de Salud actualmente son empleados por contrato de agencias de empleo temporero.

Otro punto de diferencia importante es la calidad del producto que venden los dispensarios, que es evaluado en laboratorios y tiene certificados, versus la de la marihuana que se consigue en los puntos de drogas, de la cual se desconoce su procedencia y si contiene hongos, metales pesados y otras sustancias perjudiciales para la salud.

“El cannabis medicinal que se está produciendo en Puerto Rico es un producto de calidad, un producto bueno, que compite a nivel mundial, según me han dicho”, dijo Ferrer.

El legislador citó un estudio sobre el impacto comercial del cannabis en Puerto Rico que estima que la venta del uso adulto de esa sustancia en su primer año sería de $522 millones.

El proyecto prohíbe el consumo de cannabis en lugares públicos, por lo que solo se permitirá en hogares y recintos privados con autorización previa. 

Otra de las regulaciones es que se permitirá la venta únicamente en dispensarios autorizados.

Por otra parte se establecen infracciones y penalidades para los dispensarios que no cumplan con la ley. 

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