El Proyecto de la Cámara 1103 recibió respaldo de deponentes que favorecen abrir los servicios financieros a la industria, aunque también surgieron reservas sobre su necesidad y sobre el choque con la clasificación federal del cannabis
SAN JUAN, Puerto Rico – La Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes evaluó este martes el Proyecto de la Cámara 1103, una medida que enmienda la ley reguladora de la industria del cannabis medicinal para atemperar las regulaciones bancarias locales con las demás jurisdicciones de Estados Unidos y permitir que instituciones financieras reguladas por el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) puedan ofrecer servicios a estos negocios.
La vista pública fue presidida por el representante Jorge Navarro Suárez. Uno de los principales deponentes fue el licenciado José Aleczer Rivera Jiménez, director ejecutivo de G9 Alliance Inc., quien compareció en representación de una organización que reúne a nueve cultivadores y 109 dispensarios.
“G9 Alliance y Healthweed expresa su respaldo al propósito legislativo de la medida, reconociendo que el proyecto constituye un intento necesario de corregir una distorsión normativa que ha colocado a Puerto Rico en desventaja frente a otras jurisdicciones”, dijo el licenciado Rivera Jiménez.
Sostuvo además que eliminar restricciones locales no requeridas por la normativa federal y abrir la puerta a instituciones reguladas por el FDIC, “son acciones consistentes con una política pública moderna, alineada con la realidad de un sector altamente regulado y con la experiencia acumulada en otras jurisdicciones”.
La enmienda busca que esas instituciones puedan ofrecer servicios financieros a la industria, como ya ocurre actualmente con el sector cooperativo.
Rivera Jiménez afirmó que el problema no se limita al acceso bancario. Durante su ponencia indicó que también es necesario, “corregir una falla estructural en la ley que hoy penaliza al operador regulado por cumplir con la ley”.
Añadió que, debido a que solo una cooperativa, TUCOOP, ofrece servicios financieros al 40% de la industria, los costos son altos y eso crea un monopolio que opera bajo “condiciones que resultan anticompetitivas las cuales distorsionan el funcionamiento de la industria”.
Como parte de sus recomendaciones, propuso enmiendas a la pieza del vicepresidente cameral, Ángel Peña Ramírez, y del líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, para agregar “condiciones regulatorias, operacionales y económicas que incentiven la participación de las instituciones financieras y fomenten competencia real”.
También sugirió que el lenguaje del proyecto disponga que “ninguna institución financiera regulada en Puerto Rico será penalizada, sancionada o sujeta a acción adversa por ofrecer servicios a entidades debidamente licenciadas”, siempre que cumpla con las disposiciones aplicables de cumplimiento financiero y regulatorio.
Asimismo, planteó que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico emitan guías específicas para la prestación de servicios financieros a la industria del cannabis medicinal. También pidió parámetros uniformes de cumplimiento, con protocolos de conocimiento del cliente, prevención de lavado de dinero y reportes consistentes con las guías federales de la Red de Control de Delitos Financieros, además de un programa de integración para orientar a las instituciones interesadas en entrar al sector.
La directora ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez Rubio, indicó que la organización, “no objeta la aprobación del proyecto pues, al eliminar la limitación impuesta por la ley 42 del 2017, que impide a las instituciones financieras reguladas por la FDIC aceptar depósitos de la industria del cannabis medicinal, permite la apertura del mercado y busca alinear las regulaciones bancarias para los negocios de dispensación de cannabis medicinal en Puerto Rico con las regulaciones en otras jurisdicciones de los Estados Unidos”.
Álvarez Rubio añadió que, “nuestro endoso se basa en que la enmienda propuesta no menoscaba el principio de libertad de contratación y permite que la institución financiera preserve la discreción de negarse a abrir una cuenta de depósito o brindar algún servicio si tiene base razonable para creer que la cuenta puede ser utilizada para llevar a cabo acciones o transacciones ilegales”.
También advirtió que el alto costo de cumplir con los parámetros federales contra el lavado de dinero desalienta a muchas instituciones, ya que una multa de esa naturaleza “puede llevar al cierre de una institución”.
La ejecutiva del gremio bancario informó además que, “a todos les interesa entrar y es por eso que, a través de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, respaldamos los intentos que ha habido a nivel federal en el Congreso de los Estados Unidos con varias medidas que se han intentado, pero no han sido aprobados”, entre ellas el “Safe Act” y el “Safer Act”. Según Álvarez Rubio, esa legislación “busca un marco regulatorio claro y que la banca comercial no sea encontrada en negligencia criminal por dar algún servicio a estas industrias”.
Ante ese escenario, pidió a la Comisión que impulse esfuerzos legislativos ante el Congreso para lograr la aprobación de ese tipo de medidas.
Por su parte, la comisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, no se opuso al proyecto, “en la medida en que procura eliminar restricciones locales adicionales que limiten las alternativas bancarias para la industria del cannabis medicinal”.
Añadió que, “la medida, correctamente delimitada, puede fomentar mayor competencia, reducir la concentración de servicios financieros en un solo proveedor y fortalecer el ecosistema financiero mediante opciones reguladas y transparentes”.
La presidenta ejecutiva del COSSEC, Mabel Jiménez Miranda, sostuvo una posición distinta. Expuso que, “si bien reconocemos la importancia de fortalecer el acceso a servicios financieros para esta industria debidamente regulada, entendemos que la medida propuesta no resulta necesaria, ya que el marco regulatorio vigente en Puerto Rico ya permite que las cooperativas de ahorro y crédito ofrezcan servicios financieros, incluyendo la recepción de depósitos a entidades autorizadas dedicadas al cannabis medicinal”.
Indicó además que TUCOOP, al ser la única entidad financiera que atiende a esta industria, ha tenido que establecer una división de 21 empleados para poder cumplir con los parámetros de ley, en medio de un escenario en el que el cannabis sigue siendo considerado una sustancia controlada por el gobierno federal.
La directora ejecutiva de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal del Departamento de Salud, Marjorie Tolentino, consideró que, “la medida legislativa atiende un asunto legítimo de política pública y puede contribuir a mejorar la transparencia financiera, así como la seguridad operacional del programa regulado por ley”.
Durante la vista pública, la representante Lisie Burgos Muñiz expresó preocupación por el alcance de la medida dentro de la condición territorial de Puerto Rico. La legisladora señaló que, “tomando en cuenta que somos un territorio, no somos estado, somo criaturas del Congreso; mientras que Estados Unidos tenga el cannabis en una clasificación ilegal, nosotros no debemos estar tomando decisiones, contrario al resto de los estados que tienen una autonomía”.
En los trabajos también se incorporaron los representantes Luis “Josean” Jiménez Torres, Fernando Sanabria Colón y Swanny Vargas Laureano.
Al final de la vista, Navarro Suárez adelantó el curso que tomará la medida. El presidente de la comisión aseguró que se van a incorporar “las enmiendas que nos trajo la industria, que son bien importantes”. Acto seguido, anunció el visto bueno del proyecto con la expresión que marcó el cierre del proceso: “Le daremos un informe positivo, porque entendemos que tiene que aprobarse, porque esto ayudará a esta industria que está generando ingresos para Puerto Rico”.
