El representante Gabriel Rodríguez Aguiló afirma que la medida busca atender una crisis de salud pública provocada por la venta sin control de cannabinoides químicos en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – El Proyecto de la Cámara 223, que prohíbe la venta, distribución y uso de productos derivados del cáñamo que contengan tetrahidrocannabinol (THC) sintético o químicamente alterado, se encamina a su aprobación final en la Cámara de Representantes. La medida, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, cuenta con un informe positivo de la Comisión de Salud y debe votarse en o antes del 13 de noviembre, fecha límite para la aprobación de proyectos en este periodo legislativo.
“Después de escuchar a médicos, científicos, padres de familia, y representantes de las agencias de Salud, Agricultura y la Policía, entendimos que el problema no era de rotulación ni de fiscalización. Es un asunto de salud pública”, dijo Rodríguez Aguiló. “Estos productos deben salir del mercado para proteger a los ciudadanos, especialmente a los menores que muchas veces acceden a ellos sin control ni información”.
El legislador explicó que el proyecto responde al aumento en la venta de productos de cáñamo con compuestos como delta 8 THC, delta 10 THC y THCA, que se comercializan sin regulación en gasolineras, panaderías y tiendas de conveniencia. Relató que durante una visita a una panadería en el área oeste encontró un estante lleno de estos productos. “No fui a buscar cáñamo. Compré varios, los enviamos al Instituto de Ciencias Forenses y, de cinco muestras, tres no cumplían con las especificaciones federales. Una de ellas contenía marihuana”, sostuvo.
De acuerdo con el informe legislativo, la venta libre de productos de cáñamo químicamente alterados ha provocado una “crisis sanitaria emergente” en la isla. El documento recoge testimonios de profesionales de la salud y de familias afectadas. Entre ellos figura el de Zulema Vázquez, madre de un joven que perdió un año universitario tras sufrir una crisis mental relacionada con el consumo de estos productos. “La historia de Zulema no es aislada. Representa a muchas familias que enfrentan las consecuencias de un mercado sin control”, afirmó el legislador.
El proyecto establece un esquema de coordinación entre el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Departamento de Salud, la Policía de Puerto Rico y la Oficina para la Licencia e Inspección de Cáñamo (OLIC), adscrita al Departamento de Agricultura. Estas agencias deberán crear un reglamento conjunto en un máximo de 60 días, aunque la medida autoriza la fiscalización inmediata antes de su aprobación formal. Actualmente, la OLIC cuenta con solo cuatro inspectores para atender la totalidad del mercado, que incluye más de 650 productos relacionados con el cáñamo.
La legislación dispone sanciones administrativas y penales. Los distribuidores podrían enfrentar multas de hasta $25,000 y penas de cárcel de hasta 36 meses por reincidencia. Los comercios que vendan productos no autorizados se exponen a multas de entre $1,000 y $25,000. Los consumidores recibirán una multa de $500 y participarán en programas de desvío para tratamiento en salud mental. “Nuestra meta no es criminalizar al consumidor, sino atender el problema como uno de salud pública”, señaló Rodríguez Aguiló.
El representante reiteró que el proyecto no afecta la Ley 42-2017, que regula el cannabis medicinal en Puerto Rico. “Esa es una industria altamente regulada, con médicos, laboratorios y controles establecidos. Esto que estamos atendiendo es distinto: una industria paralela que vende marihuana sintética sin control en gasolineras y colmaditos”, expresó. También criticó la inacción del Departamento de Salud, que no ha divulgado estudios sobre los resultados clínicos del cannabis medicinal. “Ni estadísticas, ni campañas educativas. Si tienen los datos, deben publicarlos. Si no, hay que exigirlos”, indicó.
El proyecto toma como referencia legislación estatal aprobada en California, Maryland, Virginia, Tennessee, Georgia, Arkansas, Wyoming y Alabama, donde se han restringido o prohibido productos con THC sintético. En Estados Unidos, más de veinte estados, entre ellos Alaska, Colorado, Nueva York, Vermont y Washington, han prohibido la venta de delta 8 THC fuera del sistema de cannabis regulado, mientras que otros, como Virginia, Michigan e Iowa, mantienen restricciones severas.
“El cáñamo en su estado natural contiene hasta 0.3 % de THC, y con eso no hay problema. El problema son los productos químicos alterados que hoy se venden libremente en gasolineras y colmaditos. Eso es, literalmente, un punto de droga con aire acondicionado”, concluyó Rodríguez Aguiló.
Una vez aprobada en la Cámara de Representantes, la medida pasará al Senado para su evaluación final.
