El Proyecto 223 busca frenar la venta de productos con alto contenido de THC fuera de dispensarios autorizados, sin afectar al cannabis medicinal
SAN JUAN, Puerto Rico — La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este jueves, con 37 votos a favor, el Proyecto de la Cámara 223, una medida que busca prohibir la venta, distribución y uso de productos de cáñamo alterados con niveles superiores a 0.3 % de tetrahidrocannabinol (THC), cuando sean despachados fuera de dispensarios autorizados de cannabis medicinal.
El proyecto, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, fue presentado como un esfuerzo para frenar la venta indiscriminada de productos con cannabinoides sintéticos en comercios como “smoke shops”, gasolineras y panaderías. La fiscalización recaerá sobre el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y la Oficina de Licenciamiento e Inspección del Cáñamo (OLIC), quienes deberán vigilar la promoción y venta de estos productos.
Rodríguez Aguiló alertó que se trata de un problema serio de salud pública, destacando que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha catalogado estos compuestos como un riesgo significativo por su potencia y efectos impredecibles. Según indicó, pruebas de laboratorio realizadas en el Instituto de Ciencias Forenses revelaron que tres de cinco productos adquiridos por la Comisión de Salud superaban el límite permitido de THC.
“Eso viene en ‘gummies’, paletas, cupcakes, galletas… Increíblemente, hasta farmacias de comunidad tienen estos productos”, advirtió el legislador, quien preside la Comisión de Salud. Añadió que la legislación no afecta el funcionamiento ni la legalidad de la industria del cannabis medicinal en la Isla.
La medida fue respaldada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), pero enfrentó la oposición de Proyecto Dignidad y la abstención del Partido Popular Democrático (PPD). El portavoz popular Héctor Ferrer Santiago propuso enmiendas para prohibir completamente los productos de cáñamo, pero estas no fueron acogidas.
Rodríguez Aguiló argumentó que una prohibición total violaría la Ley Agrícola federal de 2018, que permite productos derivados del cáñamo si contienen menos de 0.3 % de THC.
