Un nuevo estudio sugiere que las lagunas legales impulsan el consumo de este cannabinoide derivado del cáñamo
Desde la aprobación de la Ley Agrícola de EE. UU. en 2018, el delta-8-tetrahidrocannabinol (delta-8-THC) ha ganado popularidad como una alternativa legal a la marihuana en varios estados.
Sin embargo, un estudio reciente publicado en American Journal of Preventive Medicine revela que el uso de esta sustancia psicoactiva es significativamente mayor en los estados que prohíben la marihuana y que no han regulado el mercado de productos derivados del cáñamo.
La investigación, basada en una encuesta representativa realizada en octubre y noviembre de 2023 a más de 1,500 adultos estadounidenses, encontró que el 7.7 % de los encuestados había consumido delta-8-THC alguna vez en su vida. Este porcentaje se disparaba hasta un 10.9 % en los estados donde la marihuana está totalmente prohibida, en comparación con solo un 5.5 % en aquellos que permiten su uso recreativo.
Asimismo, el estudio revela que los adultos que residen en estados con regulaciones explícitas o prohibiciones sobre la venta de delta-8-THC mostraron tasas significativamente más bajas de consumo. Por ejemplo, en estados donde esta sustancia está regulada, solo el 3.9 % de los adultos reportaron haberla utilizado, frente al 10.5 % en estados con mercados completamente no regulados.
“La evidencia sugiere que las personas recurren al delta-8-THC como sustituto del cannabis cuando este último es ilegal o difícil de conseguir”, señalan los autores del estudio, liderado por investigadores de la Universidad de California en San Diego y la Universidad de Stanford.
El delta-8-THC es un isómero del delta-9-THC —el principal componente psicoactivo de la marihuana— y se obtiene típicamente a través de la conversión química del cannabidiol (CBD) extraído del cáñamo. Aunque sus efectos son similares, el delta-8-THC ha escapado durante años a una regulación estricta debido a vacíos en la legislación federal.
Pese a que agencias como la DEA y la FDA han emitido advertencias sobre su legalidad y seguridad —incluyendo preocupaciones sobre intoxicaciones y productos dirigidos a menores—, la aplicación de estas normativas sigue siendo limitada. Esto ha llevado a que numerosos estados promulguen sus propias leyes, generando un mosaico legal confuso y desigual.
Los investigadores advierten que la falta de una normativa coherente no solo fomenta el consumo, sino que también complica la labor de protección de la salud pública. De hecho, sugieren que la próxima revisión del proyecto de Ley Agrícola de 2024, que podría incluir límites al contenido total de THC, tendría el potencial de frenar el uso del delta-8-THC si se implementa de manera efectiva.
En conclusión, el estudio resalta la necesidad de cerrar las brechas regulatorias tanto a nivel estatal como federal. Como subrayan los autores, “entender cómo las políticas de marihuana y cáñamo influyen en el uso de estos productos es esencial para diseñar respuestas de salud pública más eficaces”.
