Por Noel Caballero
Bangkok (EFE) – Dos años después de la despenalización del consumo de cannabis en Tailandia, el actual Gobierno avanza con firmeza hacia un giro radical para ilegalizar el uso recreativo de marihuana, que podría desatar el «caos» en el sector y obligar al cierre masivo de tiendas, según denuncian activistas y expertos.
Aunque sobre el papel la ley nunca permitió el consumo lúdico del cánnabis, la confusa despenalización aprobada en junio de 2022 alumbró un sector con escasa regulación donde en la práctica casi todo está permitido.
A la sombra de este amplio vacío legal brotó un rentable negocio que ha cambiado el perfil urbano del país, con la apertura de miles de tiendas centradas en la marihuana.
Sin embargo, toda esta industria podría desaparecer el próximo 1 de enero si el ministro tailandés de Salud, Somsak Thepsutin, logra sacar adelante una reforma legal que prohíba el consumo lúdico y sancione la venta del cánnabis para este fin.
El cambio legislativo, que amenaza con dividir al Gobierno de coalición, tiene por objetivo constreñir el cannabis para propósitos medicinales y será analizado a final del mes por el Comité para el Control de Narcóticos, entre otros pasos por cumplir.
Un cambio de rumbo que se topa con la resistencia de activistas en favor de la marihuana y empresarios que han invertido sus ahorros en el sector y que, de cumplirse el giro legislativo, amenazan con llevar al Gobierno a los tribunales.
División en la coalición
Durante la campaña electoral de 2023, el partido Pheu Thai, que lidera la coalición de Gobierno, prometió que si llegaba al poder volvería a calificar como narcótico ilegal el consumo recreativo de cannabis.
Un compromiso que podría desestabilizar al Ejecutivo, donde el partido Bhumjaithai, que abanderó la despenalización vigente, es la segunda formación con mayor peso.
El actual ministro de Interior y líder del Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, quien hace dos años desde la cartera de Sanidad convirtió a Tailandia en el primer país de Asia en terminar con la persecución del consumo de cánnabis, ha criticado públicamente el volantazo del Gobierno.
«Si en Tailandia las leyes pueden cambiar según el capricho del líder, ¿quién vendrá a invertir?», dijo Anutin la semana pasada al aventurar que si algún día su partido retoma el control de Sanidad «volverá a despenalizar el cannabis».
Un impacto negativo a todos los niveles
El mayor escollo para este viraje son las inversiones millonarias realizadas en el sector y las más de 8,300 tiendas abiertas por todo el país.
Antes de la despenalización, la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia estimó que esta industria podría superar los $1,240 millones anuales para 2025.
El profesor de la Universidad de Kasetsart, Phiphat Nonthanathorn, asegura a EFE que los cambios propuestos generarán «el caos» y tendrán un impacto económico negativo en toda la cadena de suministro, desde el agricultor al cliente.
Phiphat, quien no se aventura a cifrar el daño, considera que el Gobierno se verá obligado a ofrecer una «compensación» a empresarios y agricultores para evitar que recurran a la justicia.
Una ley para el cannabis
En el barrio de Asok, uno de los centros comerciales de Bangkok, el dispensario Royal Queen Seeds abrió sus puertas hace dos años con unas amplias instalaciones donde venden cogollos y cuentan con talleres para instruir sobre el cultivo y los diferentes usos del cánnabis.
«Pretendemos compartir nuestro conocimiento y pasión por el cánnabis (…) para combatir el desconocimiento y estigma sobre las propiedades de esta planta que puede aportar numerosos beneficios a la salud», comenta a EFE el neerlandés Lex de Groot, uno de los socios del local, quien también reconoce los efectos negativos derivados del abuso de esta planta.
El empresario y la abogada tailandesa Buarawong, también socia del negocio, se reunieron hace semanas con representantes de Sanidad para hablar de los cambios, aunque sienten que los políticos «ya han tomado la decisión» de criminalizar el uso recreativo.
Ambos se muestran favorable hacia una regulación exclusiva sobre el cánnabis como alternativa a la prohibición.
«Han creado una industria de miles de millones de dólares en solo dos años y ahora la quieren destruir (…) nosotros cumplimos la legislación para abrir nuestro negocio, pero regular o criminalizar son diferentes historias», remarcan.
Desde principios de mes un grupo de activistas procánnabis estableció un campamento frente a la Casa de Gobierno para protestar contra la futura medida.
«Muchas tiendas minoristas se verán abocadas a cerrar sus puertas (…) hay grupos que ya se preparan para interponer denuncias, pero tenemos que esperar», revela a EFE la activista Chokwan Chopaka.
