La legislación eliminaría condenas previas, ampliaría el acceso económico al mercado legal y reinvertiría en comunidades afectadas por la guerra contra las drogas
Washington, D.C. — Un grupo de legisladores demócratas reintrodujo esta semana el proyecto de ley Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act (MORE Act), una de las iniciativas más amplias presentadas hasta ahora para despenalizar el cannabis a nivel federal en Estados Unidos.
La propuesta, encabezada por el representante Jerrold Nadler (NY-12), cuenta con el respaldo de las co-presidentas del Congressional Cannabis Caucus, Dina Titus (NV-01) e Ilhan Omar (MN-05), y de la congresista Nydia Velázquez (NY-07), quien funge como miembro de alto rango en el Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara.
El proyecto plantea una transformación legislativa de fondo: eliminar el cannabis de la Ley de Sustancias Controladas, lo que implicaría su despenalización total a nivel federal y permitiría a los estados mantener o reformar sus propias regulaciones sin interferencia federal. Esta medida aplicaría de forma retroactiva, abriendo paso a la eliminación de condenas anteriores, audiencias de resentenceo y otros mecanismos para revertir los efectos de décadas de criminalización, incluso en casos de personas menores de edad.
“Es hora de revertir las políticas fallidas que han criminalizado el cannabis por tanto tiempo y que han perjudicado desproporcionadamente a las comunidades de color y de bajos ingresos”, afirmó Nadler en el anuncio de la medida.
Una industria legal, pero desigual
De acuerdo con los hallazgos presentados en el texto legislativo, más de 40 estados y territorios ya han legalizado alguna forma de uso del cannabis, y 24 permiten su uso recreativo para adultos. Sin embargo, mientras el mercado legal sigue creciendo —con proyecciones que superan los 40 mil millones de dólares en ventas anuales para 2025—, persisten barreras estructurales que impiden la participación equitativa de comunidades que fueron criminalizadas por el uso o posesión de cannabis en el pasado.
El proyecto MORE reconoce este desequilibrio y propone la creación de un Fondo Fiduciario de Oportunidad, financiado con un impuesto federal del 5 % sobre ventas de productos cannábicos. Este fondo se destinaría a tres programas principales:
- Subvenciones para reinversión comunitaria, enfocadas en servicios como formación laboral, asistencia legal, tratamiento de adicciones y recreación juvenil.
- Apoyo financiero a pequeñas empresas del sector, con énfasis en propietarios afectados por la guerra contra las drogas.
- Licencias equitativas, con el objetivo de reducir barreras regulatorias y promover la inclusión en el mercado legal.
Además, el proyecto exige a la Oficina de Estadísticas Laborales recopilar y publicar información demográfica sobre quienes trabajan o son propietarios en la industria, con el fin de monitorear y garantizar diversidad racial, de género y económica.
Reincorporación, no solo legalización
Uno de los puntos centrales del MORE Act es su enfoque en la justicia restaurativa. La legislación obligaría a los tribunales federales a borrar automáticamente las condenas pasadas relacionadas con cannabis y establecer audiencias de resentenceo para quienes aún cumplen condenas. También garantizaría que ningún beneficio federal —como acceso a vivienda pública o programas educativos— pueda ser negado por el uso o posesión de cannabis, ni tampoco usarse como causal en procesos migratorios.
La representante Ilhan Omar fue directa al señalar: “El MORE Act va más allá de una simple legalización. Estamos hablando de equidad racial, de corregir políticas que han devastado comunidades enteras sin hacernos más seguros”.
Por su parte, la congresista Velázquez subrayó la importancia del proyecto para las comunidades que ella representa: “Se trata de justicia, de dar segundas oportunidades y de asegurar que los beneficios económicos del cannabis legal también lleguen a quienes han sido más perjudicados por su criminalización”.
Apoyo amplio, pero el reto sigue en el Senado
El proyecto cuenta con el copatrocinio de más de 40 representantes y el respaldo de organizaciones como la ACLU, el Drug Policy Alliance, NORML, el Sindicato de Empleados de Servicios (SEIU) y múltiples capítulos regionales que abogan por una política de drogas más sensata.
“El MORE Act representa el paso más contundente que ha dado el Congreso para desmantelar los daños provocados por la criminalización del cannabis”, señaló Maritza Pérez Medina, directora de Asuntos Federales de la Drug Policy Alliance. “Es la única legislación que elimina completamente el cannabis de la ley federal, lo cual es fundamental para evitar que persista la criminalización aunque cambie su clasificación”.
Organizaciones como Students for Sensible Drug Policy, Last Prisoner Project y la Cannabis Regulators of Color Coalition también han expresado su respaldo firme a la medida, destacando su enfoque en equidad, expurgación de antecedentes y justicia económica.
Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó versiones anteriores del MORE Act en 2020 y 2022, el Senado nunca dio paso al debate. Este nuevo intento pone nuevamente presión sobre la cámara alta para actuar ante una legislación que refleja el cambio de opinión pública en torno al cannabis.
“Más de dos tercios del país apoyan estas reformas”, declaró Morgan Fox, director político de NORML. “El Congreso debe alinearse con la voluntad de la gente y dejar atrás políticas que han sido ineficaces y dañinas por décadas”.
