Asunción (EFE) – La deforestación y las quemas asociadas a los cultivos de marihuana se han convertido en las principales amenazas de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, considerada un ‘pulmón verde’ enclavado en la región oriental de Paraguay, que no ha escapado a la expansión de los cultivos ilegales.
Esta área, bajo cuidado de la Fundación Moisés Bertoni, es uno de los remanentes del Bosque Atlántico, una selva tropical similar al Amazonas compartida por Brasil, Argentina y Paraguay.
El Bosque Mbaracayú fue escenario, en marzo pasado, de la presentación por parte del comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, del programa ‘Forest4Life Paraguay’.
El plan destina 12 millones de euros (unos $12.8 millones) no reembolsables al fortalecimiento del sistema de áreas protegidas y a apoyar las instituciones dedicadas a la conservación ambiental en el país.
Crecimiento exponencial
La primera plantación de marihuana fue descubierta en esta zona en 1997 y hasta 2011 ya se contabilizaban 45 hectáreas deforestadas por esta actividad.
Los sembrados de marihuana «se multiplicaron exponencialmente» a partir de 2012 hasta alcanzar las 1.600 hectáreas.
No toda esa extensión, aclaró a EFE el director ejecutivo de la fundación Moisés Bertoni, Yan Speranza, está sembrada de marihuana en la actualidad.
Se calculan unas 600 hectáreas de marihuana activas, es decir, un 0.93% de la superficie de este bosque declarado reserva natural por el Ejecutivo paraguayo en enero de 1992.
En la actualidad, el 10% de las 64,405 hectáreas que abarca esta reserva, ubicada en el departamento de Canindeyú (noreste), fronterizo con Brasil, ha sido afectado «ya sea por la deforestación directa» para la siembra de cultivos ilegales o por el «impacto del fuego», afirmó Speranza.
El fuego, advirtió el experto, suele descontrolarse en muchas ocasiones, lo que termina afectando directa o indirectamente una cantidad significativa de bosque, «aunque no se utilice para plantaciones» ilegales.
Speranza denunció la «ausencia del Estado» y de los organismos de seguridad para combatir eficientemente ese flagelo, pese a las más de 50 denuncias presentadas a las autoridades desde 1997, aunque reconoció que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ha tenido mayor intervención en esa área.
«El Estado está perdiendo la batalla», lamentó el portavoz, quien advirtió que si la escalada no se revierte, esta reserva megadiversa podría perder entre 10.000 y 12.000 hectáreas en una década.
El Reporte nacional de cobertura forestal y cambio de uso de la tierra, publicado en 2023 por el Instituto Forestal Nacional (Infona), reveló la pérdida de bosques nativos asociada a la deforestación por cultivos ilegales.
Sólo en la Región Oriental, que por sus condiciones geográficas y climáticas concentra este tipo de sembrados en el país, se deforestaron 50.499,7 hectáreas de bosque nativo entre 2020 y 2022, detalló el documento.
De ese total, el 20 % (unas 10.000 hectáreas) se degradó por plantaciones ilegales, principalmente en nueve áreas silvestres protegidas, entre ellas Mbaracayú -que concentró el 52,2 % de pérdida de bosques.
La marihuana y el crimen organizado, un problema regional
La situación en esta reserva se repite en otros departamentos fronterizos con Brasil, como Amambay y Concepción (norte), donde la expansión de los cultivos de cannabis avanza al compás de la presencia del crimen organizado, así lo confirmó a EFE el director de comunicación de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), Francisco Ayala.
El portavoz reveló que «prácticamente el 100% de los cultivos ilícitos se producen dentro de reservas forestales tanto privadas como públicas».
La Senad ha identificado que en la frontera con Brasil el grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) es propietario de la mayoría de plantaciones de marihuana, como parte de una estrategia para acaparar «el negocio desde la propia producción».
Ayala señaló que Paraguay «históricamente siempre fue un país productor de marihuana». La demanda, precisó, proviene de Brasil.
Entre 2019 y 2023 fueron destruidas 8,352.5 hectáreas de marihuana en la Región Oriental de Paraguay, principalmente Amambay (6.119) y Canindeyú (815), según la Senad.
Durante el mismo período, se eliminaron 281 plantaciones en la reserva Mbaracayú. En esa zona, la Senad desarrolló cuatro intervenciones entre 2021 y 2022.
