Smart & Safe Florida acusa a funcionarios estatales de imponer requisitos no contemplados en la ley para bloquear iniciativa electoral en 2026
FLORIDA – La campaña Smart & Safe Florida, que impulsa la legalización del uso recreativo de la marihuana en el estado, ha presentado una demanda contra altos funcionarios electorales de Florida, acusándolos de invalidar de manera indebida cerca de 200,000 firmas recogidas para llevar su propuesta a la boleta electoral de 2026.
La querella fue radicada ante el Segundo Circuito Judicial de Florida, y nombra como acusados al Secretario de Estado Cord Byrd y al Supervisor de Elecciones del Condado de Leon, Mark Earley. La acción legal surge tras la directriz emitida por la División de Elecciones del estado, que ordenó a los supervisores electorales locales rechazar las peticiones firmadas antes de que el texto completo de la enmienda propuesta fuera incluido en los formularios de firma.
Según argumenta la campaña, esta exigencia no está contemplada en la legislación estatal vigente y representa un cambio arbitrario de las reglas del juego. El efecto inmediato de esta decisión, advierten los demandantes, sería la descalificación de miles de firmas válidas, con el consiguiente impacto en la posibilidad de que la iniciativa llegue a votación.
Hasta la fecha, Smart & Safe Florida ha logrado certificar más de 660,000 firmas válidas, pero necesita alcanzar 880,000 antes del 1 de febrero de 2026 para que la propuesta pueda ser incluida oficialmente en la papeleta electoral.
Además, la demanda señala que el estado ha incumplido con su obligación de remitir la iniciativa a revisión legal, un paso requerido por ley una vez se alcanza un umbral inicial de firmas. La campaña también impugna la constitucionalidad de recientes cambios legislativos que —según su interpretación— imponen restricciones indebidas a los procesos de iniciativas ciudadanas.
En su solicitud ante el tribunal, los representantes legales de la campaña exigen que se revoque la orden de invalidación emitida por la Secretaría de Estado y que las autoridades electorales se limiten a aplicar la ley vigente, sin añadir criterios adicionales de verificación que no estén expresamente establecidos.
Este caso podría tener implicaciones significativas no solo para el futuro de la legalización del cannabis en Florida, sino también para el ejercicio del derecho ciudadano a participar en el proceso legislativo a través de iniciativas populares.
