El máximo foro judicial concluye que la aplicación de la ley federal en el caso Hemani viola la Segunda Enmienda.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió de manera unánime, con una votación de 9-0, que el gobierno federal no puede procesar como delincuente grave a una persona únicamente por consumir marihuana y poseer un arma de fuego almacenada de forma segura en su hogar.
La decisión fue emitida el 18 de junio de 2026 en el caso United States v. Hemani, relacionado con la aplicación de la sección 922(g)(3) del Título 18 del Código de Estados Unidos. Esa disposición federal prohíbe la posesión de armas de fuego a personas consideradas usuarios ilegales o adictas a sustancias controladas.
El caso surgió tras la acusación presentada contra Ali Hemani, usuario de cannabis que mantenía un arma de fuego para defensa personal en su residencia. El gobierno federal lo procesó bajo la sección 922(g)(3) por su consumo regular de marihuana y por poseer un arma almacenada en su hogar.
El Tribunal Supremo concluyó que la aplicación de esa disposición contra Hemani, basada en su uso de marihuana, viola la Segunda Enmienda, que protege el derecho a poseer y portar armas.
Los jueces rechazaron los argumentos del gobierno federal de que la prohibición estuviera respaldada por una tradición histórica o que los consumidores de cannabis fueran personas “categórica o inusualmente peligrosas”. En su opinión mayoritaria, el Tribunal sostuvo que el gobierno pretendía despojar automáticamente a Hemani de sus derechos constitucionales por consumir marihuana varias veces por semana, sin demostrar de manera individualizada que representara un peligro.
Ante el máximo foro judicial, la defensa argumentó que la ley es inconstitucionalmente ambigua porque no define con suficiente claridad quién puede ser considerado un “usuario ilegal” de sustancias controladas, lo que abre la puerta a aplicaciones excesivas y discriminatorias. También sostuvo que no existe una tradición histórica en Estados Unidos que justifique imponer sanciones penales significativas a personas que consumen sustancias como alcohol o cannabis por el simple hecho de poseer armas de fuego.
La directora legal de la American Civil Liberties Union (ACLU), Cecillia Wang, afirmó que la decisión deja claro que el gobierno no puede convertir en delito la posesión de armas por parte de personas que consumen marihuana. Según Wang, el fallo limita la capacidad del gobierno para imponer sanciones basadas en presunciones generales sobre peligrosidad.
La National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML) también celebró la decisión. Joseph A. Bondy, presidente de la junta directiva de la organización y abogado que participó en uno de los escritos presentados ante el Tribunal, calificó el fallo como una reivindicación de la libertad individual y de los principios constitucionales.
“Hoy la Corte reconoció lo que NORML argumentó: que los adultos responsables no pierden sus derechos bajo la Segunda Enmienda simplemente por consumir cannabis, en ausencia de una demostración individualizada de peligrosidad”, expresó Bondy. “La Constitución protege a las personas, no a los estereotipos”.
Bondy agradeció además al Comité Amicus de NORML por su trabajo en la defensa de los derechos de los consumidores de cannabis y destacó la participación de la organización en otros litigios recientes sobre la aplicación de restricciones federales de armas a usuarios de marihuana.
NORML recordó que previamente presentó escritos ante tribunales en United States v. Daniels, donde el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito concluyó que la historia y la tradición no justifican desarmar a un ciudadano sobrio únicamente por su consumo pasado de drogas, y en Cooper v. Attorney General of the United States, donde el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito determinó que la prohibición federal de armas no aplica a personas que poseen cannabis medicinal conforme a la legislación estatal.
Hemani estuvo representado por la ACLU, la clínica CLEAR de la Facultad de Derecho de CUNY, Clement & Murphy y Newland Legal. Además, organizaciones con posiciones diversas presentaron escritos de apoyo, entre ellas la Drug Policy Alliance (DPA), NORML, el Cato Institute y la National Rifle Association (NRA).
La decisión representa un revés para la aplicación federal de la sección 922(g)(3) en casos relacionados con usuarios de cannabis y establece un precedente sobre los límites constitucionales de esa prohibición bajo la Segunda Enmienda.
