Washington (EFE) – El Senado de Estados Unidos estudiará un proyecto de ley, presentado este jueves, que puede legalizar el consumo de marihuana en todo el país, eliminando barreras para los estados que quieran relajar sus leyes sobre el cannabis.
La legislación fue introducida por el líder de los demócratas en la Cámara Alta, Chuck Schumer, y por los senadores progresistas Ron Wyden y Cory Booker, aunque hay miembros de su propio partido que están en contra.
El propio presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ha declarado en el pasado oponerse a la legalización del cannabis.
La iniciativa tiene pocos visos de prosperar en el Senado, debido a la ajustada mayoría de los demócratas, que no cuentan con todos los apoyos dentro de su partido, y a la regla del filibusterismo que implica que casi cualquier proyecto legislativo necesite una mayoría cualificada de 60 votos para salir adelante.
El proyecto de ley puede eliminar los registros criminales federales relacionados con el cannabis y puede dar más recursos a la Policía para combatir el cultivo ilegal de la droga.
Además, puede establecer un sistema de ayudas para pequeños empresarios que quieran dedicarse a la industria del cannabis y que provengan de comunidades especialmente afectadas por la persecución legal de las drogas.
«La legalización del cannabis ha demostrado ser un gran éxito al nivel estatal, por lo que es hora de que el Congreso se ponga al día», dijo Schumer en un comunicado celebrando la introducción del proyecto.
En paralelo, ya hay un proyecto de ley sobre la legalización de la marihuana que ha sido aprobado -dos veces- en la Cámara Baja, aunque no ha recibido el visto bueno del Senado todavía.
En la actualidad, el uso recreativo de marihuana es legal en 19 estados y en el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital de Estados Unidos, Washington.
Además, 37 de los 50 estados permiten el uso medicinal de la droga.
Sin embargo, a nivel federal, el cannabis se encuentra aún en la lista de sustancias que deben ser controladas, por lo que el Gobierno puede, en teoría, ordenar a las agencias federales que persiguieran su consumo, si bien esto no sucede en la práctica.
