La industria del cáñamo reacciona con alarma ante medidas federales que amenazan su viabilidad económica
Washington, DC — Una nueva disposición federal aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump como parte del paquete de financiación del gobierno ha recriminalizado la venta de la mayoría de los productos intoxicantes derivados del cáñamo, como aquellos que contienen delta-8 THC y otros cannabinoides sintéticos. La legislación, que financia al Departamento de Agricultura de EE. UU., redefine lo que se considera cáñamo legal y excluye explícitamente productos que contengan niveles mínimos de THC o que hayan sido sintetizados químicamente.
El texto legal, impulsado por figuras como el senador Mitch McConnell (R-KY), establece que solo se considerarán productos legales aquellos que contengan no más de 0.3 % o 0.4 miligramos de THC o de otros cannabinoides con efectos similares, como el THCA. Además, prohíbe expresamente la venta de productos intermedios derivados del cáñamo que se comercialicen directamente al consumidor, así como cualquier sustancia producida mediante síntesis química.
Aunque el delta-8 THC se encuentra de forma natural en la planta de cannabis, su presencia es mínima. En la práctica, los productos disponibles en el mercado son sintetizados a partir de CBD derivado del cáñamo, proceso que ahora queda bajo prohibición federal. El nuevo lenguaje legal entrará en vigor dentro de un año.
Intentos legislativos por parte del senador Rand Paul (R-KY) y del representante Tom Massie (R-KY) para eliminar esta disposición fracasaron tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Desde la Casa Blanca, un portavoz aseguró que el presidente Trump «apoya» esta revisión de la ley agrícola de 2018, que él mismo había firmado.
La industria del cáñamo ha reaccionado enérgicamente, calificando la medida de devastadora. Organizaciones como el Texas Hemp Business Council advierten que podría eliminar hasta el 95 % del mercado de productos de cáñamo intoxicantes, con pérdidas económicas que superarían los 28 mil millones de dólares y la desaparición de más de 300,000 empleos en todo el país. Además, denuncian que la inclusión de estas disposiciones dentro de un proyecto de ley de financiación gubernamental limitó la transparencia y la participación de actores clave del sector.
“Volver a criminalizar el mercado derivado del cáñamo a nivel federal no reducirá la demanda de estos productos ni mejorará la seguridad del consumidor”, declaró Paul Armentano, subdirector de NORML, organización que ha abogado por una regulación clara pero no prohibitiva de estos productos.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la posibilidad de que incluso productos no intoxicantes, como aceites de CBD con trazas de THC, también queden afectados por la nueva legislación. Esto ha provocado que empresas y asociaciones del sector ya estén diseñando estrategias de adaptación que incluyen reformulación de productos, revisión de licencias o incluso el abandono del mercado si el cumplimiento resulta inviable. También se teme un aumento del mercado negro como consecuencia directa de las restricciones.
Por su parte, grupos como U.S. Hemp Roundtable han comenzado campañas para revertir o enmendar la ley, insistiendo en la necesidad de un marco regulatorio científico que garantice la seguridad sin destruir el crecimiento económico impulsado por la Ley Agrícola de 2018.
Con la nueva regulación, el gobierno federal da un giro importante a su política sobre el cáñamo, buscando limitar el acceso a productos con efectos psicoactivos mientras mantiene legal el cultivo industrial y productos no intoxicantes. Sin embargo, la falta de consenso y la superposición de regulaciones estatales crean un panorama legal incierto que promete intensificar el debate en los próximos meses.
