Fallo del 11.º Circuito rechaza desarme automático por consumo legal de marihuana
ATLANTA — Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que los pacientes de cannabis medicinal que cumplen con las leyes estatales no deben ser despojados de su derecho a portar armas de fuego, una decisión considerada histórica por defensores de los derechos civiles y organizaciones a favor de la legalización.
La sentencia, emitida por el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito, concluyó que privar de armas a ciudadanos únicamente por consumir cannabis no es “consistente con la historia y la tradición de la regulación de armas en esta nación”. El fallo sigue la misma línea de una decisión anterior del 5.º Circuito y coincide con opiniones similares emitidas recientemente por jueces federales en Oklahoma y Texas.
El caso fue impulsado por la excomisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, junto a varios pacientes registrados en el programa estatal de cannabis medicinal. Fried, quien ahora integra la junta directiva de la organización NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws), celebró la decisión como “una gran victoria para la libertad”.
“Ningún paciente de cannabis medicinal debería tener que elegir entre su medicina y su derecho constitucional a portar armas”, declaró.
La defensa legal fue reforzada por un escrito amicus presentado por miembros del Comité Legal de NORML —incluidos los abogados David Holland, Greg Morse, Joseph Bondy y la propia Fried—, en el que argumentaron que los fundadores de EE. UU., conocedores del cultivo y uso del cannabis en las colonias, nunca propusieron leyes que desarmaran a quienes consumían esta planta.
El presidente de la junta directiva de NORML, Joseph A. Bondy, calificó el dictamen como “una victoria sustancial para los pacientes y para los derechos constitucionales”, y añadió que la resolución confirma lo que la organización ha defendido durante décadas: que los pacientes de cannabis medicinal no deben ser tratados como ciudadanos de segunda clase.
El fallo contradice la aplicación expansiva de una ley federal de 1968 que prohíbe la posesión de armas a cualquier persona considerada “usuario ilegal” de sustancias controladas, categoría en la que históricamente el gobierno federal ha incluido a quienes consumen cannabis, incluso bajo regímenes legales estatales.
Paul Armentano, subdirector de NORML, sostuvo que el consumo de cannabis —presente o pasado— no debería excluir a una persona de las protecciones legales garantizadas por la Constitución. “La Corte Suprema o el Congreso deben resolver esta contradicción para que los consumidores responsables no sigan siendo criminalizados por ejercer sus derechos”, afirmó.
El caso, identificado como Cooper et al. v. Attorney General of the United States of America et al., podría escalar hasta la Corte Suprema, luego de que la administración Trump solicitara su revisión.
