El proyecto de ley busca redefinir el cáñamo y prohibir productos cannabinoides derivados, generando alarma en la industria
WASHINGTON – En una maniobra que podría transformar el panorama legal del cáñamo en Estados Unidos, la Cámara de Representantes incluyó una disposición controversial en su proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2026.
El texto, aprobado por el Subcomité de Asignaciones Agrícolas el 5 de junio de 2025 y actualmente en revisión por el comité completo desde el 11 de junio, busca modificar la definición legal de cáñamo y excluir del mercado a los productos cannabinoides derivados, incluso si estos provienen de plantas legales bajo la ley vigente.
Redefiniendo el cáñamo
La disposición propone cambiar el lenguaje de la Ley de Producción Doméstica de Cáñamo, codificada en el Título 7 del Código de EE.UU., que fue introducida por la Ley de Mejora Agrícola de 2018. Actualmente, el cáñamo se define como cualquier parte de la planta Cannabis sativa L. con una concentración de delta-9 tetrahidrocannabinol (THC) no superior al 0.3% en peso seco. Esta definición permitió el desarrollo de una industria floreciente de productos como aceites, extractos y comestibles con cannabinoides no intoxicantes.
El nuevo texto distingue entre “cáñamo industrial” y “productos cannabinoides derivados del cáñamo”. El primero se refiere al cáñamo cultivado con fines no cannabinoides, como fibra, grano o semillas, e incluye productos como microvegetales o insumos para investigación. El segundo, sin embargo, abarca cualquier producto derivado del cáñamo que contenga cannabinoides y que esté destinado al consumo humano o animal, ya sea por ingestión, inhalación o aplicación tópica.
De aprobarse, la medida excluiría explícitamente del cáñamo legal a los productos con cannabinoides derivados, incluidos aquellos sintetizados o no naturalmente presentes. Además, propone que el contenido de THC se calcule como “THC total”, sumando no solo el delta-9 THC sino también el ácido tetrahidrocannabinólico (THCA), anticipando así la intoxicación potencial en los productos consumibles. Cualquier semilla viable con más de 0.3% de THC total también quedaría fuera del ámbito legal del cáñamo.
Aunque se incluye una aclaración de que productos industriales o cannabinoides no intoxicantes con trazas mínimas de THC no serían afectados, la redacción deja margen para interpretaciones regulatorias más restrictivas.
El borrador del informe del comité requiere que la FDA establezca una fuerza de tarea conjunta con el Departamento de Agricultura para definir niveles cuantificables de THC y otros cannabinoides. Esta instancia deberá emitir recomendaciones científicas para garantizar la seguridad del consumidor y la claridad normativa, especialmente en un entorno marcado por la venta masiva de productos poco regulados.
Justificación política y respuesta del sector
Según el comunicado oficial del comité, la medida busca apoyar la agenda de la Administración Trump y responder al mandato del electorado, al cerrar el “vacío legal” que ha permitido la venta de productos intoxicantes derivados del cáñamo, como el delta-8 THC y las flores de cáñamo, en establecimientos no especializados y sin controles.
Organizaciones como la Asociación de Reguladores del Cannabis (CANNRA) y fiscales generales de múltiples estados han respaldado esta posición, denunciando el uso de tres lagunas regulatorias: la del 0.3% de THC, la del THCA, y la de los derivados sintéticos. Según estas entidades, dichos vacíos permiten comercializar productos que presentan riesgos para la salud pública, especialmente entre adolescentes.
Por otro lado, representantes de la industria del cáñamo han advertido que esta disposición podría desmantelar sectores enteros del comercio legal de cannabinoides. Enfatizan que miles de productores y comerciantes cumplen actualmente con los estándares federales y estatales, y que una medida como esta los empujaría a la ilegalidad o la quiebra.
Propuestas similares fueron contempladas en el Congreso 118, incluyendo su inclusión en el “Farm, Food, and National Security Act of 2024” (H.R. 8467) y en el proyecto de asignaciones FY2025 (H.R. 9027). Aunque típicamente los proyectos presupuestarios no modifican el Código de EE.UU., el uso de reglas especiales en la Cámara podría permitir cambios permanentes.
La disposición avanza en medio de una creciente presión para imponer controles más estrictos sobre los derivados del cáñamo, reflejando un giro político hacia la regulación intensiva tras años de expansión del sector.
