SPRINGFIELD, Mass. – Una coalición de operadores e inversores de cannabis en EE. UU. presentó hoy una demanda contra el Fiscal General de EE. UU., Merrick Garland. Representados por el bufete de abogados Boies Schiller Flexner, buscan prohibir al gobierno federal la aplicación de la Ley de Sustancias Controladas de manera que interfiera con el cultivo, fabricación, posesión y distribución intrastatal de cannabis, conforme a la ley estatal. La demanda sostiene que el gobierno federal no tiene base para aplicar dicha ley contra operaciones de cannabis intrastatales y reguladas por el estado.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, División Oeste, representa a los demandantes Gyasi Sellers, Canna Provisions y Wiseacre Farm, todos operadores independientes locales de Massachusetts que han enfrentado daños significativos debido a la prohibición federal.
También se nombra a Verano Holdings como demandante, mientras que otros partidarios fundamentales del caso incluyen a Ascend Wellness Holdings, TerrAscend y Green Thumb Industries, así como Eminence Capital y Poseidon Investment Management.
El propósito es confirmar los derechos de Massachusetts y otros estados para regular el cannabis dentro de sus fronteras y establecer los límites correspondientes sobre el poder del gobierno federal para regular el comercio. La demanda argumenta que la prohibición injustificada e inconstitucional sobre el cannabis intrastatal perjudica a los demandantes y obstaculiza los esfuerzos estatales para proporcionar acceso a cannabis rigurosamente regulado y probado.
Aunque en 2005 la Corte Suprema rechazó un desafío a las prohibiciones del cannabis de la Ley de Sustancias Controladas, los hechos actuales exigen un resultado diferente. Hoy en día, 38 estados, incluido Washington D.C., tienen programas de cannabis con una supervisión regulatoria significativa.
Estos cambios en los hechos demandan un resultado diferente al alcanzado hace dieciocho años. Las empresas de cannabis reguladas por el estado son consideradas ilegales bajo la CSA; sus actividades diarias se consideran delitos federales. Como resultado, están excluidos de numerosos programas y protecciones federales.
David Boies, presidente de Boies Schiller Flexner LLP, declaró: «La criminalización federal del comercio de marihuana segura y regulada en estados donde es legal, carga injustamente las operaciones legales». También añadió que «los estadounidenses creen que el cannabis debería ser legal y estar disponible sujeto a una regulación razonable por parte de los estados».
Por su parte, Darren Weiss, presidente de Verano, mencionó que «queremos ser tratados de igual manera, en igualdad de condiciones con cualquier otra pequeña empresa en Massachusetts», dijo Meg Sanders, CEO y co-fundadora de Canna Provisions.
Los demandantes están representados por David Boies, Jonathan D. Schiller, Matthew L. Schwartz, Joshua I. Schiller, y David Barillari de Boies Schiller Flexner LLP y Thomas Lesser y Michael Aleo de Lesser, Newman, Aleo & Nasser LLP.
