Organizaciones médicas, farmacéuticos, veteranos y el sector financiero coinciden en que la reclasificación marca un punto de inflexión federal, sin legalizar el uso recreativo
WASHINGTON D.C. – La orden ejecutiva firmada hoy, 18 de diciembre, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reclasificar el cannabis dentro de la Ley de Sustancias Controladas provocó una respuesta inmediata y coordinada de sectores que por años habían coincidido en una misma crítica: la política federal estaba desconectada de la ciencia, la medicina y la realidad económica.
Las reacciones, provenientes de organizaciones médicas, farmacéuticos, veteranos, grupos de reforma y actores financieros, describen la medida como el cambio más significativo en más de medio siglo en el tratamiento federal del cannabis, aun cuando recalcan que no se trata de una legalización ni de una autorización para el uso recreativo.
Desde el ámbito de la política pública, la Coalition for Cannabis Scheduling Reform calificó la decisión como “histórica” y sostuvo que durante más de 50 años el cannabis fue erróneamente clasificado como una sustancia de alto riesgo, una política que identificaron como un pilar de la fallida guerra contra las drogas. En su comunicado, la coalición afirmó que la reclasificación se basa en evidencia científica “incuestionable” que reconoce bajo potencial de abuso y uso médico probado. Según el grupo, el cambio facilitará la investigación médica, enviará una señal clara al sistema de justicia criminal de que el cannabis es una prioridad baja y ofrecerá alivio contributivo a pequeños negocios regulados.
El sector financiero reaccionó en términos igualmente contundentes. AdvisorShares, firma especializada en fondos cotizados en bolsa enfocados en empresas del sector, describió la orden como “la señal federal más clara y coordinada” emitida hasta ahora sobre esta política. Dan Ahrens, director gerente de la firma y administrador del fondo AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS), sostuvo que la diferencia clave de este momento es que la reclasificación dejó de ser una posibilidad teórica para convertirse en una acción concreta respaldada por el más alto nivel del gobierno federal. Ahrens indicó que el cambio tiene el potencial de transformar la tributación, el acceso a capital y la investigación, con impacto directo en más de 400,000 trabajadores de la industria en Estados Unidos.
Uno de los respaldos más significativos provino del sector de los veteranos. The American Legion, la organización de veteranos más grande del país, apoyó públicamente la orden ejecutiva y estuvo representada en la Casa Blanca durante su firma. Su comandante nacional, Dan K. Wiley, afirmó que la clasificación previa había bloqueado estudios clínicos a gran escala sobre condiciones como trastorno de estrés postraumático, lesiones cerebrales traumáticas, ansiedad, depresión, trastornos del sueño y dolor crónico, condiciones estrechamente vinculadas a la crisis de suicidio entre veteranos. Wiley fue enfático en aclarar que la reclasificación no equivale a legalización ni a un mandato de uso, sino a la eliminación de barreras federales que impedían decisiones médicas informadas basadas en evidencia.
El sector farmacéutico también fijó postura. La American Pharmacists Association (APhA) participó en la ceremonia oficial en la Casa Blanca y subrayó que la clasificación anterior imponía requisitos regulatorios tan estrictos que dificultaban a investigadores y científicos acceder a la sustancia para estudios clínicos. Según APhA, el cambio permitirá acelerar la investigación sobre aplicaciones medicinales y mejorar la seguridad de los tratamientos.
La organización advirtió, no obstante, que persisten preocupaciones sobre interacciones medicamentosas y dosificación, áreas en las que la participación de farmacéuticos resulta esencial. APhA defendió un rol activo del farmacéutico en la educación, consejería y supervisión clínica, destacando que un mayor acceso regulado a la investigación permitirá identificar riesgos, beneficios y usos apropiados dentro del sistema de salud formal.
Desde la industria regulada, Curaleaf Holdings describió la medida como la reforma federal más importante en más de cinco décadas. Su principal ejecutivo, Boris Jordan, afirmó que mover el cannabis de la categoría I a la III reconoce formalmente su valor medicinal y abre nuevas vías para investigación clínica financiada a nivel federal, inversión y creación de empleos, además de eliminar cargas contributivas que habían limitado el crecimiento del sector.
De forma similar, Trulieve Cannabis Corp. destacó que la reclasificación no legaliza el cannabis, pero representa un paso esencial hacia una política pública basada en evidencia. La empresa subrayó que el cambio elimina la aplicación de la sección 280E del código contributivo federal, una disposición que había impedido a operadores regulados deducir gastos ordinarios y que era vista como una de las mayores distorsiones económicas del sector.
El impacto en la banca y los sistemas de pago fue otro de los ejes centrales de las reacciones. POSaBIT, proveedor de infraestructura de pagos para la industria, describió la decisión como un “momento decisivo” que podría impulsar a bancos, cooperativas y procesadores de pago a reevaluar su relación con negocios regulados. Su director ejecutivo, Ryan Hamlin, señaló que una mayor claridad federal podría normalizar el acceso a servicios financieros y métodos de pago electrónicos, reduciendo riesgos operacionales.
En la misma línea, PBC Conference, organización especializada en banca y cumplimiento regulatorio, indicó que la reclasificación reduce cargas fiscales y obliga a las instituciones financieras a replantear sus estrategias frente al sector. Aunque advirtió que persisten requisitos regulatorios, sostuvo que el cambio establece nuevas expectativas y abre la puerta a una integración más estructurada del sector al sistema financiero tradicional.
En conjunto, las reacciones reflejan algo poco común en el debate federal: una coincidencia amplia entre sectores tradicionalmente distantes. La orden ejecutiva no cambia la legalidad del uso recreativo a nivel federal, pero redefine de forma sustancial el marco para la investigación médica, la política contributiva, la banca y la inversión. Para estados y territorios con programas regulados, como Puerto Rico, el giro federal es visto como un punto de inflexión con implicaciones directas para la salud pública, el desarrollo económico y el futuro regulatorio.
