La medida busca establecer un programa académico de investigación y cultivo en la UPR Utuado, pero la administración de la Universidad alerta sobre posibles conflictos con fondos federales y dificultades financieras
San Juan, Puerto Rico – En una vista pública celebrada ayer, el Recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Departamento de Salud expresaron su respaldo al Proyecto de la Cámara 177, que propone la creación de un programa académico especializado en investigación agrícola y cultivo de cannabis medicinal. No obstante, ambas entidades sugirieron enmiendas para asegurar su viabilidad y cumplimiento con regulaciones estatales y federales.
Por otro lado, la administración central de la UPR manifestó su oposición a la medida, advirtiendo que su implementación podría poner en riesgo los fondos federales que recibe la institución y afectar su acreditación. En una ponencia escrita, el presidente interino de la UPR, Miguel A. Muñoz, explicó que la ley federal sigue considerando el cannabis como una sustancia controlada de Clasificación I, lo que implica restricciones severas para universidades que reciben fondos de programas como las Becas Pell y subvenciones de investigación.
El Departamento de Salud, a través de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM), reiteró su apoyo a la iniciativa, destacando que la legislación vigente ya permite a la UPR y al Departamento de Agricultura cultivar cannabis medicinal con fines investigativos. Sin embargo, recomendó modificaciones en el texto del proyecto, como eliminar la referencia al “manejo de semillas y plantas importadas”, ya que la Ley 42-2017 prohíbe la importación de cannabis o sus semillas para fortalecer la industria local.
El Departamento de Salud también destacó la importancia de garantizar que el programa académico cuente con la infraestructura adecuada, incluyendo laboratorios especializados y espacios de cultivo controlado, así como la capacitación de estudiantes y profesores en metodologías de investigación y cumplimiento regulatorio.
A pesar del respaldo del Recinto de Utuado y del Departamento de Salud, la administración de la UPR advirtió que la creación de un programa académico de este tipo conlleva riesgos significativos. Además del conflicto con la legislación federal, la universidad enfrenta restricciones presupuestarias bajo la Ley PROMESA, lo que dificultaría la asignación de recursos para desarrollar la infraestructura y el personal necesario.
“La implementación de este programa requiere una inversión sustancial en acreditaciones, seguridad y controles rigurosos que la UPR, en su situación actual, no está en posición de asumir”, sostuvo Muñoz en su ponencia.
Asimismo, la administración central enfatizó que, aunque se lograra obtener permisos especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el cultivo y posesión de cannabis en los recintos de la UPR seguiría prohibido bajo la ley federal.
El Proyecto de la Cámara 177, presentado por los representantes Jorge Suárez y Héctor Ferrer, hijo, continuará su proceso legislativo mientras se evalúan posibles enmiendas. La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes deberá analizar si las recomendaciones presentadas permiten viabilizar la iniciativa sin comprometer los fondos y acreditaciones de la UPR.
Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre el desarrollo de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico y las restricciones impuestas por el Gobierno federal sigue abierto.
