La propuesta bipartidista STATES 2.0 permitiría a los estados y territorios regular el cannabis sin interferencias de Washington
Washington, D.C. — El Congreso de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre la legalización del cannabis con la reintroducción de la ley Strengthening the Tenth Amendment Through Entrusting States 2.0 Act, conocida como STATES 2.0. Presentada este 17 de abril por los representantes Dave Joyce (R-OH), Max Miller (R-OH) y Dina Titus (D-NV), la iniciativa busca liberar a los estados, territorios y naciones tribales del férreo control federal sobre el cannabis, permitiéndoles establecer sus propias políticas sin el riesgo de interferencia o castigo por parte de Washington.
La propuesta, de carácter bipartidista, reconoce el mosaico diverso de enfoques que los estados han adoptado en relación al cannabis, desde la legalización total hasta la prohibición estricta. “Ya sea que un estado esté a favor o en contra de la legalización, todos coincidimos en que el enfoque federal actual no funciona”, afirmó el congresista Joyce, copresidente del Cannabis Caucus. “El proyecto STATES 2.0 ofrece una solución racional que respeta la soberanía local y prioriza la seguridad pública”.
Actualmente, 24 estados permiten el uso recreativo del cannabis y 39 lo autorizan con fines médicos. Sin embargo, la falta de una normativa federal clara ha creado un limbo legal que complica desde la regulación hasta el financiamiento del sector. “Esta legislación brinda un marco coherente que protege a los niños, promueve la salud pública y garantiza que las comunidades que decidan no participar también estén respaldadas”, explicó el congresista Miller.
La ley también aborda problemas estructurales que afectan a la industria legal, como la imposición de tasas fiscales punitivas, el acceso limitado a servicios bancarios y la coexistencia con un mercado ilícito que representa el 75 % del comercio de cannabis, según datos presentados en el texto legislativo.
Entre las disposiciones clave, la STATES 2.0:
- Elimina el cannabis del alcance de la Controlled Substances Act cuando su producción y distribución se haga conforme a las leyes estatales o tribales.
- Prohíbe la distribución a menores de 21 años, excepto por razones médicas.
- Permite el tránsito interestatal de cannabis entre jurisdicciones legales.
- Transfiere funciones regulatorias al FDA y al Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau.
- Exime a los negocios legales de las restricciones fiscales del código federal, como la controvertida sección 280E.
- Ordena un estudio nacional sobre los efectos de la legalización en la seguridad vial.
La propuesta también ha recibido el respaldo de organizaciones como CPEAR, R Street Institute y Americans for Prosperity, que ven en el proyecto una oportunidad de modernizar la política federal y avanzar hacia un modelo coherente, seguro y respetuoso con la autonomía local.
“La legislación devuelve el control a los estados y proporciona las herramientas necesarias para una regulación efectiva”, señaló Shanita Penny, directora ejecutiva de CPEAR. “Es una reforma sensata que equilibra libertad económica, salud pública y seguridad”.
Aunque el camino legislativo aún es incierto, la STATES 2.0 refuerza una tendencia imparable: la despenalización y regulación del cannabis ha dejado de ser una cuestión marginal y se consolida como un asunto de Estado.
Y con el 4/20 a la vuelta de la esquina, el mensaje del Congreso es claro: es hora de actualizar las reglas del juego.
