El activista boricua lidera desde Puerto Rico una coalición nacional que exige la despenalización total del cannabis, la liberación de los encarcelados y una agenda de justicia que incluya a la isla
Por José E. Maldonado Marrero
RevistaCrónicas.com
SAN JUAN, Puerto Rico – A pesar de que 24 estados y Washington D. C. han legalizado el uso adulto del cannabis, más de 40,000 personas siguen encarceladas por delitos relacionados con la planta. Muchos de ellos por actividades —como el cultivo o la distribución— que hoy generan miles de millones de dólares para una industria legal. Jason Ortiz, activista puertorriqueño y director de Iniciativas Estratégicas del Last Prisoner Project (LPP), lleva años señalando esa contradicción y luchando para corregirla.
“Puerto Rico tiene que estar presente en esta lucha. Tenemos gente presa, tenemos industria, pero no tenemos justicia”, sostuvo Ortiz desde San Juan.
Nacido en Connecticut de padres boricuas, Ortiz fue arrestado a los 16 años por fumar cannabis camino a la escuela. Fue expulsado, enfrentó el sistema judicial juvenil y solo evitó la cárcel gracias al respaldo económico de sus padres. Esa experiencia lo marcó y lo llevó a dedicar su vida a la organización política y la reforma de políticas públicas.
“Descubrí tres conceptos que lo explicaban todo: la guerra contra las drogas, la ruta de la escuela a la prisión y la aplicación selectiva de la ley”, explicó.
Desde entonces ha fundado organizaciones, promovido leyes y ayudado a construir el movimiento nacional por la justicia cannábica. Hoy, desde el Last Prisoner Project, impulsa reformas que buscan liberar a personas encarceladas y facilitar su reinserción.
Cannabis Unity Week: movilización sin precedentes
Ortiz es uno de los organizadores principales de la Cannabis Unity Week, una semana de acción nacional que se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo en Washington D. C. La coalición incluye a más de 40 organizaciones de todos los sectores —industria, salud pública, justicia racial, veteranos, estudiantes y más— que exigen:
- Legalización total a nivel federal.
- Liberación retroactiva de personas encarceladas.
- Eliminación de antecedentes penales.
- Programas de apoyo para la reinserción.
“Cada congresista tendrá que decir si apoya o no la legalización. Se acabaron las excusas”, afirmó Ortiz. “Vamos a tocar la oficina del comisionado residente Pablo José Hernández, igual que las otras 535. Queremos saber si está con nosotros”.
La agenda incluye una cumbre de política pública, reuniones directas con legisladores en el Capitolio y una protesta frente a la Casa Blanca.
“Con una orden ejecutiva se puede cambiar todo. Para bien o para mal. Nuestro trabajo es empujar a Trump a hacerlo bien, a tomar el camino libertario y no el autoritario”, subrayó Ortiz.
Puerto Rico: fuera del informe, pero parte de la lucha
Aunque Ortiz vive y trabaja desde San Juan, el informe anual 2024 de LPP no menciona a Puerto Rico.
“Es una omisión que hay que corregir. Aquí también hay presos por cannabis. Todavía hay una pena mínima de tres años por posesión simple. Y no hay urgencia para cambiar eso”, dijo.
Ortiz propone crear una coalición local, con el apoyo de la diáspora, para impulsar cambios legislativos. “Queremos hacer una versión boricua del Unity Week. Después de presionar en D. C., volvemos a organizar aquí”, adelantó.
También advirtió sobre el impacto que tendría el comercio interestatal tras una eventual legalización federal.
“Producir cannabis aquí es más costoso. Si llega flor de California a $300 la libra, nos arrollan”, explicó. “Pero también podríamos exportar si creamos las condiciones adecuadas. Hay que prepararnos ya”.
No basta con reclasificar ni con Safe Banking
Ortiz ha sido crítico con el rumbo de las discusiones en el Congreso. Para él, enfocarse en medidas como el SAFE Banking Act o la reclasificación a una sustancia controlada de Nivel III no resuelve los problemas centrales.
“La industria seguiría siendo ilegal. Nadie saldría de la cárcel. No hay justicia real sin desclasificación total”, afirmó. “El Congreso lleva años hablando sin actuar. Y mientras tanto, la gente sigue presa”.
El poder de la comunidad
Para quienes han sido liberados, Ortiz insiste en que lo más importante no es el dinero, sino el sentido de pertenencia.
“Quieren comunidad. Un lugar donde su historia sea respetada. Algunos quieren montar negocios, otros hablar en el Congreso, y otros solo estar con su familia”, expresó.
En 2024, LPP organizó un acto frente a la Casa Blanca con 20 personas que habían cumplido más de 10 años de prisión. “Pudieron contar su historia frente al poder. Y eso les devolvió dignidad”, dijo Ortiz.
Lo que viene
Con miras a las elecciones de medio término de 2026, Ortiz espera que el cannabis sea tema electoral, especialmente entre latinos.
“Kamala le habló directamente al electorado negro. A los latinos nadie les dijo nada”, criticó. “En las cárceles federales, los nombres que se repiten son Martínez, Hernández, Ortiz. Muchos son boricuas”.
Invita a participar en la Cannabis Unity Week o a apoyar desde casa.
“El que no pueda ir, puede llamar a su congresista, exigir clemencia, educar a su gente. Esta lucha es de todos. Legalizar sin liberar no es justicia”, concluyó.
¿Qué es el Last Prisoner Project?
Es una organización sin fines de lucro fundada en 2019 con la misión de liberar y apoyar a todas las personas encarceladas por delitos relacionados con cannabis.
Principales logros hasta 2024:
- Más de 60 mociones legales presentadas.
- Al menos 5 personas liberadas por clemencia o conmutación.
- Más de 200,000 récords criminales eliminados.
- Más de $3.5 millones distribuidos directamente a constituyentes.
- Becas de reentrada para personas excarceladas (vivienda, transporte, herramientas de trabajo).
- Apoyo emocional y comunitario a través del activismo.
Contacto y más información:
www.lastprisonerproject.org
www.LPP.la/CannabisUnityWeek
