Corte de Apelaciones del Quinto Circuito reafirma el derecho de portación de armas para los consumidores de cannabis
En un fallo trascendental, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos determinó que la ley federal que prohíbe a los usuarios de cannabis poseer armas de fuego, específicamente la sección 18 U.S.C. § 922(g)(3), es inconstitucional.
El tribunal desestimó la acusación contra Paola Connelly, una mujer de Texas descrita como una “propietaria de armas que consume cannabis de manera no violenta”, al concluir que el gobierno no pudo demostrar una justificación histórica para desarmar a ciudadanos sobrios que no están bajo la influencia de una sustancia que afecte sus capacidades.
La decisión se basa en la jurisprudencia previa del tribunal en el caso United States v. Daniels, donde se encontró que la misma ley era inconstitucional. En su opinión, los jueces rechazaron el argumento del gobierno de que los usuarios de cannabis son “personas presumiblemente riesgosas”, afirmando que las restricciones aplicadas a personas con enfermedades mentales o abusadores domésticos no son comparables con los consumidores ocasionales de cannabis.
El fallo subraya que la Segunda Enmienda no es un “derecho de segunda clase” y que los usuarios de cannabis, al igual que otros ciudadanos, tienen un derecho presuntivo a portar armas. La corte también destacó que la clasificación federal del cannabis como sustancia controlada no anula los derechos constitucionales.
El fallo enfatiza que no existe un precedente histórico que apoye la descalificación de los usuarios de cannabis para poseer armas de fuego. NORML, una organización que aboga por la reforma de las leyes de cannabis, comentó que la decisión es parte de una tendencia creciente en los tribunales de EE. UU. a favor de los derechos de los usuarios de cannabis.
Paul Armentano, Subdirector de NORML, señaló que ni el uso pasado ni el actual de cannabis deberían automáticamente excluir a alguien de las protecciones legales otorgadas por la Constitución de EE. UU.
Sin embargo, advirtió que estas decisiones no son universalmente aplicables ni vinculantes a nivel nacional, y subrayó la necesidad de que la Corte Suprema o el Congreso resuelvan definitivamente este asunto para que los consumidores responsables de cannabis no enfrenten penas federales simplemente por ejercer sus derechos de la Segunda Enmienda.
Este veredicto tiene implicaciones significativas para la industria del cannabis y para individuos que usan cannabis de manera legal bajo las leyes estatales, cuestionando aún más la legitimidad de las prohibiciones federales sobre el cannabis. Además, podría abrir la puerta a futuros desafíos basados en derechos de debido proceso o igualdad de protección.
Sin embargo, el Departamento de Justicia (DOJ) ha impugnado el fallo del Quinto Circuito, argumentando que fue “incorrectamente decidido” y que la prohibición de armas para usuarios de cannabis es constitucional. El DOJ ha informado a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, que está considerando un caso relacionado, sobre su postura.
Las decisiones conflictivas de diferentes tribunales de circuito podrían llevar a la intervención de la Corte Suprema para resolver el asunto. El resultado de estos casos tendrá consecuencias de gran alcance para los derechos de los usuarios de cannabis a poseer armas de fuego en los Estados Unidos, y por ende, Puerto Rico.
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