Por Anxo Lamela
Copenhague (EFE) – Christiania, la popular comuna libre de Copenhague, clausuró este sábado de forma definitiva uno de sus emblemas, Pusher Street (calle de los ‘camellos’ o ‘tiradores’), el mayor centro de venta y consumo de cannabis de Escandinavia, en un intento de acabar con la violencia asociada a las bandas que han controlado el negocio en los últimos años.
La reivindicación de la legalización del cannabis ha estado unida a Christiania desde su creación hace 52 años, tras ser ocupadas en pleno auge del espíritu de mayo del 68 unas antiguas instalaciones militares en un área de 34 hectáreas junto a los canales a apenas un kilómetro de la sede del Parlamento danés.
Desde hace décadas, Pusher Street ha funcionado como un mercado más o menos consentido según la época, controlado inicialmente por Christiania, pero manejado desde hace años por bandas criminales, con el consiguiente aumento de la violencia.
La muerte de un joven en un tiroteo con varios heridos más en agosto pasado provocó un hecho histórico: la asamblea de Christiania, órgano máximo de decisión, acordó pedir a las autoridades que acabaran con la calle, que había sobrevivido hasta ahora a varios cierres y a cientos de operaciones policiales.
“La diferencia es que ahora es algo que viene de nosotros”, dice Hulda Mader, que actúa como una de las portavoces de la comuna y reconoce la dificultad de la negociación interna, a la vez que el hartazgo por el deterioro de la situación: “No queremos más la violencia”.
Una transformación física y simbólica
El bautizado como “Día de acción” arrancó temprano con un desayuno colectivo en mitad de la famosa calle al que acudieron el ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, y la alcaldesa de Copenhague, Sophie Hæstorp Andersen.
“Bienvenidos al cierre de Pusher Street y la apertura de Christiania. Es muy importante para nosotros que la primera piedra la cojan unos christianitas y el futuro de Christiania, porque de eso es de lo que se trata”, dijo uno de sus residentes, Risenga Manghezi, antes de entregar el primer adoquín arrancado a dos niñas.
Hummelgaard y Andersen posaron luego con el adoquín, el primero de los muchos que fueron arrancados por christianitas de todas las edades con picos y palas, levantados al aire entre muestras de júbilo y que algunos quisieron llevarse como recuerdo a sus casas.
“Pusher Street debe morir para que Christiania pueda vivir”, dijo Andersen para referirse a un día calificado de histórico por christianitas y políticos ante un par de docenas de agentes de policía, que horas antes habían eliminado los últimos puestos de venta y asistieron sin intervenir a la limpieza de la calle.
Aparte de levantar los adoquines, el plan es renovar toda la calle y convertirla en un foco cultural y de comercio, un proyecto todavía por definir, al igual que el nuevo nombre que recibirá, y cuya financiación asciende a casi siete millones de euros, aportados entre el Ayuntamiento, el Estado y el fondo de Christiania, que cerró hace una década un acuerdo con el Estado para asegurar la legalidad del asentamiento.
Extensión de la criminalidad y legalización
Tanto las autoridades como los residentes -algo menos de un millar de personas- están convencidos de que Pusher Street no volverá, y habrá presencia policial en la zona y sus alrededores para evitar que florezca de nuevo el mercado de cannabis.
Otras voces han criticado sin embargo que se acabe con un modelo que ha permitido tener controlada la venta de hachís y marihuana en una zona y han advertido del peligro de que ahora se extienda a otras partes de la ciudad.
“La policía tiene un plan para golpear con dureza si surge un negocio de hachís de la dimensión del que hemos visto aquí en Christiania”, aseguró hoy Andersen.
El cierre de Pusher Street culmina también el giro de un país que, aunque nunca legalizó el cannabis, sí consintió de forma implícita su venta durante muchos años y que ahora ha optado por una política muy restrictiva, que choca por ejemplo con la reciente legalización parcial en Alemania.
El Gobierno de coalición que encabezan los socialdemócratas daneses aprobó el pasado otoño un paquete de medidas que endurece las multas a vendedores y compradores, que se arriesgan a pena de cárcel en caso de reincidencia si el consumo ocurre en Christiania.
“Es una ley horrible, porque criminaliza a 400,000 personas que consumen hachís. Nosotros estamos a favor de la legalización pero, por desgracia, el Gobierno, no”, explica Mader.
El Gobierno municipal de Copenhague, controlado por los socialdemócratas, ha aprobado en varias ocasiones impulsar un proyecto experimental de venta de cannabis, pero siempre se ha encontrado con el veto del Parlamento, con sus compañeros de partido a la cabeza.
