SAN JUAN, Puerto Rico – La cooperativa de ahorro y crédito TuCoop reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades en las investigaciones sobre posibles violaciones de ley en esquemas de cobro de dinero relacionados con el cannabis medicinal.
La institución se enfrenta a un revés legal tras la decisión del Tribunal Federal de no admitir el caso contra 3G Green Gold Group LLC, empresa matriz de los dispensarios BWell, por falta de jurisdicción.
La demanda de TuCoop, presentada el 6 de junio de 2023, acusaba a ciertos socios en la industria del cannabis medicinal de violar las regulaciones y leyes federales al utilizar transferencias electrónicas para el manejo y cobro de dinero, una práctica prohibida por la legislación federal para productos derivados del cannabis.
Luis Toledo, presidente de la Junta de Directores de TuCoop, afirmó en un comunicado de prensa que la cooperativa tiene el deber legal y ético de informar a las autoridades pertinentes sobre cualquier actividad sospechosa que involucre a sus socios.
“Nuestra responsabilidad es proteger a la industria de cannabis y la seguridad de los depósitos de nuestros socios”, aseguró Toledo.
A pesar de la decisión del tribunal, Toledo enfatiza el compromiso de TuCoop con la defensa de la industria del cannabis medicinal y la seguridad financiera. La cooperativa no ha interrumpido los servicios a sus socios y continúa ofreciendo orientación sobre el cumplimiento regulatorio, educando sobre las mejores prácticas para evitar caer en esquemas de cobro electrónico.
Toledo también alertó sobre el riesgo que tales esquemas representan “para la integridad de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico”.
“No bajaremos la guardia ni escatimaremos en recursos hasta que las autoridades actúen contra aquellos que infrinjan la ley”, declaró.
La cooperativa, desde su fundación en 2015, ha sido pionera en ofrecer servicios financieros a industrias marginadas por la banca tradicional, como es el caso del cannabis medicinal. TuCoop destaca que su extenso departamento de cumplimiento, respaldado por una inversión de más de $750,000 en personal, tecnología y formación, asegura la observancia de las normativas legales vigentes.
