San Juan, Puerto Rico – La Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), reconociendo el problema del incremento cada vez mayor de personas procesadas en los tribunales referidas a tratamiento compulsorio de salud mental o sometidas a ingreso involuntario, comienza el nuevo Programa de Asistencia Legal en Procesos de Salud Mental (PALPSM). El programa es parte de una propuesta bajo el “American Rescue Plan Act (A.R.P.A.)” del 2021. Este es el primer programa de asistencia legal al amparo de la “Ley de Salud Mental” (Ley 408-2000) con personal de apoyo que abarca todo Puerto Rico.
El objetivo es atender y ofrecer el acceso a la población de salud mental a servicios integrados legales donde participan profesionales especializados. El programa no solo cuenta con representación legal para salvaguardar los derechos de los y las participantes y ofrecer seguimiento a los casos, sino también cuenta con un componente educativo para orientar y buscar soluciones a sus necesidades. La SAL, a través del PALPSM, llega a suplir la necesidad existente en el país.
Los servicios se ofrecerán en nueve de las trece oficinas regionales. Se dividirán de la siguiente manera: Aibonito, Bayamón, Caguas, Carolina, San Juan, y las restantes cuatro oficinas serán en Arecibo (dando servicio a la región de Utuado), Fajardo (dando servicio a la región de Humacao), Mayagüez (dando servicio a la región de Aguadilla) y Ponce (dando servicio a la región de Guayama). En cada una de las nuevas oficinas del PALPSM tendrá un abogado o abogada, un trabajador o trabajadora social, y un personal auxiliar administrativo.
Anualmente en Puerto Rico sobrepasan 5,000 casos presentados bajo la Ley 408. En el año fiscal 2020-21 fueron más de 5,700 casos y más de 7,100 vistas judiciales en las que la SAL ha representado a participantes en procesos de salud mental. Estas cifras han ido en aumento en los últimos dos años.
Por su parte, el licenciado Félix Vélez-Alejandro, director ejecutivo de la SAL, afirmó que “este programa abre un espacio para brindar representación legal a personas vulnerables sometidas a ingreso involuntario o de tratamiento compulsorio. Vela para que en estos procesos se cumpla con las garantías procesales y el mejor bienestar del participante”.
