El panorama de la política de justicia del cannabis en Estados Unidos está evolucionando rápidamente, situándose en el centro de las prioridades políticas y despertando un clamor creciente por la justicia para aquellos afectados injustamente.
El Last Prisoner Project (LPP) ha presentado un nuevo informe que arroja luz sobre la complejidad y urgencia de esta situación.
Según el informe, hasta 2023, 23 estados han legalizado el uso recreativo de cannabis. Adicionalmente, 24 estados han promulgado leyes específicas para la eliminación de antecedentes relacionados con el cannabis, y 10 estados han implementado leyes de re-sentencia específicas para delitos relacionados con el cannabis.
Desde 2018, todos los 13 estados que han legalizado el cannabis han incluido políticas de eliminación de antecedentes, evidenciando un giro decisivo en la actitud hacia la rectificación de los daños causados por la Guerra contra las Drogas.
No obstante, el informe también desvela una realidad inquietante: a pesar de los avances legislativos, la implementación real de estas políticas a menudo está plagada de retrasos y obstáculos. Por ejemplo, en California, aunque el plazo para la eliminación de antecedentes ha expirado, más de 20,000 individuos siguen en espera de alivio. En Minnesota, un consejo de revisión ha causado retrasos significativos, y en Nuevo México, ha habido intentos de reducir el alcance de las disposiciones retroactivas.
Estas dificultades resaltan un problema endémico: la brecha entre las promesas legislativas y la acción tangible. Aunque el progreso en la política de justicia del cannabis es alentador, la implementación y el acceso efectivo a la justicia siguen siendo esquivos para muchos.
El mensaje es claro: a medida que el cannabis avanza hacia la aceptación y legalización, es esencial abordar el legado duradero y perjudicial de las políticas prohibicionistas pasadas. Por ahora, organizaciones como LPP continúan en la vanguardia, abogando por la justicia y la liberación de aquellos que siguen atrapados en las redes de un capítulo oscuro de la historia estadounidense.
El LPP es una organización sin fines de lucro que trabaja para liberar a cada uno de los prisioneros del cannabis y ayudarles a reconstruir sus vidas. Se esfuerzan por remediar los daños de la llamada “Guerra contra las Drogas” del gobierno federal a través de intervenciones legales, apoyo a los afectados y cambios en las políticas.
Puntos clave del informe:
- Progreso Actual: A partir de 2023, 23 estados han legalizado el uso de cannabis para adultos. Además, 24 estados han promulgado leyes de eliminación de antecedentes específicos para el cannabis y 10 estados han promulgado leyes de resentencia específicas para el cannabis.
- Retroactividad: A pesar de que la legalización avanza, el informe muestra que Estados Unidos aún está atrasado en cuanto a proporcionar alivio retroactivo a los afectados por condenas relacionadas con el cannabis. Por ejemplo, California tiene más de 20,000 individuos esperando alivio, y en Minnesota, la creación de una junta de revisión ha causado retrasos significativos.
- Historia de la Prohibición del Cannabis: Desde la década de 1960, el cannabis ha sido demonizado, ligándolo con ideologías racistas y con el contracultura. Este estigma llevó a la declaración de la “Guerra contra las Drogas” por Richard Nixon en 1971, resultando en arrestos masivos y desiguales, especialmente entre la población negra.
- Panorama Nacional 2023: Actualmente, 23 estados han legalizado el uso recreativo del cannabis, mientras que 38 han legalizado su uso medicinal. Sin embargo, solo 24 estados tienen leyes de eliminación de antecedentes relacionados con el cannabis, y solo 10 estados han implementado leyes de resentencia para el cannabis.
- Calificaciones de la Justicia de Política de Cannabis: El informe califica a los estados en función de sus políticas de legalización, indulto, eliminación de antecedentes y resentencia. Por ejemplo, California y Minnesota reciben una calificación de “A”, mientras que estados como New Jersey e Illinois reciben “B-” y “B-“, respectivamente.
La justicia del cannabis está avanzando, pero aún queda mucho por hacer. Es esencial abordar los errores pasados y proporcionar alivio a los afectados por políticas anteriores. La inclusión de políticas de eliminación de antecedentes y resentencia es crucial para garantizar que la legalización del cannabis no solo beneficie a las nuevas generaciones, sino también a aquellos que han sufrido debido a la prohibición en el pasado.
Fuente: El Last Prisoner Project (LPP)
