Por Némesis Mora Pérez
San Juan (9 de marzo de 2022) – En la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), se llevó a cabo hoy la “Primera jornada sobre la perspectiva legal, socioeconómica y sistemas de calidad del cannabis y cáñamo en Puerto Rico”, en la que se discutieron los retos y las oportunidades que tendría la industria de aprobarse la medida legislativa que busca legalizar el uso adulto del cannabis en personas mayores de 21 años a través del Proyecto de la Cámara 1191.
Durante el panel de la mañana, el profesor Oscar Miranda Miller, la doctora Indira Luciana Montalvo y el doctor Eduard Resto Rodríguez discutieron la perspectiva legal y socioeconómica del cannabis y el cáñamo.
En la tarde, la directora de la Oficina de Cannabis Medicinal del Departamento de Salud, la licenciada Arlene Questell, aseguró que entre los retos más grandes que tiene la industria se encuentra la falta de educación sobre los derechos de los pacientes y los beneficios medicinales del cannabis, al igual que la necesidad de que la comunidad médica le pierda el miedo a recomendar la planta a sus pacientes como alternativa para aliviar padecimientos y enfermedades debilitantes.
“Yo diría que los retos de política pública los veo más bien a la hora de educar. El reto está en la educación a los policías y demás sectores que componen la industria”, detalló la licenciada Questell.
Desde el aspecto de la psicología, el doctor Javier Morales coincidió con la licenciada Questell en la importancia de la educación y añadió que se necesita cambiar “los paradigmas que siguen al cannabis de forma demoniaca”.
Por su parte, el profesor y licenciado José Antonio Maes aseguró que la industria del cannabis en Puerto Rico vive un momento histórico y no titubeó en decir que la estructura a nivel institucional está apta y preparada para la aprobación del Proyecto 1191.
“La industria medicinal tiene más de 5 años y podemos decir que ha sido uno política pública positiva. Ha generado innumerables beneficios para innumerables pacientes. Debemos estar orgullos de la industria de cannabis medicinal que tenemos, pero sobre todo de la calidad de los productos que se están produciendo aquí”, explicó Maes.
Mientras que el representante popular Hector Ferrer, y autor del Proyecto 1191, destacó durante el conversatorio la inyección económica que generaría la aprobación de la medida en el país. Del dinero recibido, el 40% estaría destinado a la Universidad de Puerto Rico para llevar a cabo investigaciones sobre el cannabis y crear programas académicos que giren en torno a los beneficios de la planta.
Hasta el momento, la medida cuenta con el aval de empresarios, organizaciones, profesionales, médicos, educadores, abogados y expertos de la industria del cannabis, además de tener el apoyo del Centro Unidos de Detallistas, la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Hasta el momento, el proyecto no ha tenido oposición por parte de otros representantes de gobierno o políticos más conservadores.
“Cuando propuse el proyecto de perspectiva de género en las escuelas, recibía llamadas constantes en contra del proyecto. Yo no estoy viendo eso con este proyecto y esto se debe en gran parte a que ya hay un programa medicinal y que casi todo el mundo tiene o conoce un familiar o un amigo que se medica con cannabis”, dijo Ferrer.
La licenciada Questell concluyó durante el panel que el gobierno de Puerto Rico está comprometido con el programa de cannabis medicinal y le dará las atenciones necesarias a todo proyecto que busque el beneficio de los pacientes y la industria.
“Tomaremos la debida atención a cada una de las disposiciones que se presenten”, agregó Questell.
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