Por Némesis Mora Pérez
(28 de marzo de 2022) – Un grupo de expertos en la industria del cannabis, legisladores y representantes participó hoy en la primera vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes para discutir y enmendar el Proyecto 1191, que busca legalizar el uso adulto del cannabis en Puerto Rico.
Tan pronto arrancó la primera e histórica vista pública a las 9:30 a.m., el presidente de la Comisión de lo Jurídico, el representante Orlando Aponte, comenzó el interrogatorio a los deponentes presentes sobre la terminología básica del cannabis y el Programa de Cannabis Medicinal actual.
El PC 1191, de la autoría del representante Héctor Ferrer, fue visto con buenos ojos por la mayoría de los deponentes.
El primer deponente fue Terry Blevins, ex policía y ex Asesor de la Oficina de Asuntos de Narcóticos Internacionales y Aplicación de Ley adscrita al Departamento de Estado del Gobierno Federal de los Estados Unidos, quien depuso como miembro de la junta directiva del Law Enforcement Action Partnership (LEAP por sus siglas en inglés). LEAP es una organización sin fines de lucro, cuyos miembros son policías, fiscales, jueces, miembros del departamento de justicia y otros profesionales de Seguridad Publica que comparten sus experiencias de primera mano. Blevins trajo un enfoque desde el punto de vista de la seguridad pública.
Según él, todos están más seguros cuando el cannabis está disponible de manera legal y bajo un marco regulatorio.
Blevins añadió que los vendedores en la calle no limitan sus ventas a los adultos, “si no que también la venden a menores de edad”. Mientras, los dispensarios de cannabis legal se ven obligados a exigir identificación, y aquellos que no verifican las identidades serán penalizados, sancionados y podrían perder su licencia de funcionamiento.
Audiencia 1 from Cámara de Representantes on Vimeo.
“En los estados donde se ha implementado un sistema donde el cannabis es legal y controlado, los mercados ilegales son menos convenientes, deseables y rentables. Estos estados han logrado parar el incremento en las tasas de consumo juvenil y en algunos casos, han visto una disminución del consumo juvenil después de la legalización”, continuó Blevins.
La representante Mariana Nogales, del partido Movimiento Victoria Ciudadana y quien favorece la medida, cuestionó cuáles son las alternativas que prevé el proyecto para trabajar la equidad social en aquellas personas que venden cannabis ilegalmente desde antes que se aprobara el cannabis medicinal en la isla para el 2016.
“¿Qué vamos a hacer con las personas que han optado o que no les ha quedado otra alternativa que ganar su dinero en un punto de droga y que a través de la despenalización quedarían sin ingresos”, preguntó Nogales.
Para el licenciado Juan M. Bertrán Astor, de la Alianza Pro Cannabis, la despenalización del cannabis en los Estados Unidos logró bajar drásticamente las estadísticas sobre crímenes de posesión, crímenes violentos y robos. En el caso de Puerto Rico, en los últimos cinco años del programa de cannabis medicinal, no se ha reportado por la policía o prensa del país mayor actividad criminal directamente relacionada a la industria del cannabis medicinal.
“En Colorado el primer año de operación bajo la estructura recreacional, en sus primeros dos meses reportó una disminución de un 12.1% en crímenes a la propiedad y un 2.4% en crímenes violentos. Esto ha demostrado que la regulación del cannabis en el libre mercado contribuye a un descenso en la actividad criminal relacionada al cannabis”, aseguró el licenciado Bertrán.
Ante preguntas de la representante Lisie Burgos, del partido Proyecto Dignidad, sobre la posible adicción que genera el consumo de cannabis medicinal, el presidente de la Asociación de Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (MICaM), el licenciado José Rivera, aseguró que “hay que cambiar el enfoque punitivo porque la prohibición nunca ha hecho que la gente deje de consumir”.
Las siguientes entidades depusieron hoy sus puntos sobre el Proyecto 1191: Enforcement Action Partnership, CannaWorks Institute, Asociación de Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (MICaM), Colectivo Puertorriqueño de Dispensarios, Asociación Puertorriqueña Industria de Cannabis, Puerto Rico Legal Marihuana, Fundación Free Juana, Comité de Cannabis de la Asociación de Industriales, Centro Unido de Detallistas, ARRDEPR, Comité de Cannabis de la Cámara de Comercio, Intercambio PR e Iniciativa Comunitaria de Investigación.
”Estoy muy satisfecho con el proceso donde diversas entidades han expresado su opinión. El proceso ha sido uno donde todos los sectores han tenido oportunidad de comparecer. Hoy comenzamos a dar el próximo paso hacia la dirección correcta sobre el tema del uso adulto del cannabis”, indicó Ferrer tras las vistas.
Se espera que la próxima vista pública para discutir el Proyecto 1191 se lleve a cabo el 4 de abril.
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