San Juan (EFE) – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, estableció un comité asesor que tiene como objetivo ofrecer recomendaciones sobre la distribución y el uso de los fondos que recibirá la isla tras el acuerdo en el pleito por la epidemia de opioides.
Según el comunicado de Fortaleza difundido este domingo, el mencionado comité estará adscrito al Departamento de Salud de Puerto Rico y comunicará sus guías al secretario Carlos Mellado López.
Puerto Rico recibirá unos $100 millones como compensación de uno de los litigios incoados contra farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia de opioides.
La sentencia del acuerdo ordenó la creación de un comité asesor.
La ordena ejecutiva firmada por Pierluisi estipula que el comité se organizará antes del 30 de junio de este año, una vez sean nombrados sus miembros.
El comité estará compuesto por 13 miembros y será presidido por el secretario del Departamento de Salud, quien no tendrá voto, excepto cuando se requiera el voto decisivo por empate entre los miembros.
El ente brindará en este año sus recomendaciones en cuanto a cómo se deben distribuir los primeros fondos que reciba Puerto Rico, que se repartirán en aproximadamente 5 millones anuales durante los próximos 18 años.
“Vamos a garantizar que estos fondos sean utilizados conforme a la sentencia y que procuremos programas de prevención y educación, así como tratamientos para contrarrestar el uso y abuso de estas sustancias. No queremos perder ni una vida más como consecuencia de la adicción a estas drogas”, sostuvo el gobernador.
Las recomendaciones del comité podrán tomar en consideración iniciativas o actividades en gobiernos estatales y federales que hayan demostrado ser efectivas en la prevención y tratamiento de trastornos causados por el uso de sustancias controladas.
También puede recomendar acciones para abordar la crisis de opioides en la isla y financiamiento de programas o iniciativas específicas.
El objetivo del comité es que se produzcan recomendaciones para procurar la reducción en el uso y abuso de opioides, tomando en cuenta las necesidades de Puerto Rico en áreas de prevención, educación y tratamientos.
En los pleitos, se argumentó que las compañías distribuidoras no informaron debidamente sobre la capacidad adictiva de los medicamentos derivados del opio y establecieron tácticas de mercadeo agresivas para fomentar el uso de sus productos entre personas que padecían dolores desde moderados a severos.
