Por Marcos Pérez Ramírez
No causa. Eran las primeras semanas del año 2022. René Atiles por fin podría dormir y hasta respirar mejor. Tras ser arrestado en abril del año 2021 cuando regresaba a su casa con unas tres onzas de flor de cáñamo legal (CBD), muy parecidas a las que se venden en smoke shops, health foods y gasolineras, el joven habló con Crónicas sobre cómo enfrentó el proceso y cómo ha continuado su vida.
René, quien labora en la industria del cáñamo legal, nos contó que esta experiencia le afectó mucho en el plano económico. “Me afectó mucho emocionalmente. Cuando llegaban los días que tenía vistas. Me daba mucha ansiedad. No comía bien. No dormía bien. Esas vistas ping-pong me tenían de un lado a otro. Eso fue lo que agravó mi crisis emocional”, dice al tiempo que celebra que ya a la Fiscalía del Tribunal Superior, sala de Ponce, se le pasó el tiempo de irse en alzada en su caso y no radicaron recurso alguno.
El caso de René refleja la falta de educación de los entes de gobierno en cuanto al marco legal de la reciente industria del cáñamo en la isla. Sobre todo, a los entes de seguridad pública del estado.
Cuando detienen a René, el mismo agente de la policía siempre ha dicho que él desconocía lo que era el cáñamo y que para él lo que estaba ocupando era marihuana y por eso interviene, explicó su representación legal cuando el caso se hizo público.
“En términos del cannabis medicinal las leyes están bastante claras. Pero con el cáñamo es indispensable que haya un marco para saber identificarla, que se hagan buenos muestreos”, reflexiona René sobre el calvario que pasó con numerosas vistas judiciales.
“El desenlace fue bien tedioso. Después de múltiples vistas, muchas canceladas, no pudieron proceder con la acusación final. No se nos permitió hacer la prueba”, añade Atiles en referencia a la contienda que su abogado sostuvo con la Fiscalía, que no quería permitir que un laboratorio independiente -que no fuera el del Instituto de Ciencias Forenses- presentase prueba exculpatoria a favor de René.
Esta controversia giraba en torno al hecho de que el cáñamo legal tiene menos del 0.3% de tetracannabinol (THC), por lo que el usuario puede dar positivo en una prueba como la del Instituto, pero el análisis de un laboratorio independiente especializado en cannabis puede arrojar más precisión sobre este asunto y servir de prueba exculpatoria en los tribunales.
“Y cuando se aprobó, finalmente no se presentó como prueba exculpatoria”, sentencia.
Atiles espera que su experiencia sirva para que el gobierno corrija las grietas entre las regulaciones al cannabis medicinal y las nuevas leyes que regulan el cáñamo legal (CBD).
“Si va a ser la Policía de Puerto Rico los que van a intervenir, pues deben de tener acceso a unas pruebas de laboratorios especializados en cannabis y cáñamo para lidiar con controversias en derecho. Deberían asignar fondos para esto. Así se podría someter prueba rápido y con precisión. Ojalá que así sea”, concluyó.
