Por Lcdo. José Aleczer Rivera
Portavoz ARRDE
La semana pasada el presidente Biden sorprendió a muchos. Su movida para conceder, a nivel federal, el indulto de miles de personas que han estado condenadas a cárcel por poseer pequeñas cantidades de cannabis fue visto con buenos ojos por varias organizaciones que luchan para lograr la regulación y la despenalización por posesión y uso de cannabis. Pero no dejó de sorprender, y es que no es para menos.
Lamentablemente vivimos hoy en día, en pleno 2022, en una sociedad dónde aún queda una facción minoritaria que condena el uso adulto y responsable del cannabis; que juzga usando la vara de los estigmas de antaño, basados en posiciones moralistas, el desconocimiento y la desinformación. Por eso sorprende la decisión del presidente. Porque a quienes hemos construído esta industria, nos parece más allá que acertado, como un paso que se debió haber dado décadas atrás. Este anuncio del Presidente Biden, es clave para consolidar su posición con respecto a la despenalización, pero igualmente debe ser el mapa vial para otros estados y territorios que transitan en esta encrucijada.
¿Pero Puerto Rico? ¿Dónde queda Puerto Rico en medio de una decisión de avanzada y esta movida presidencial? Pues los asiduos a los refranes y el hablar coloquial, dirían: “como los del perro,” sin equivocarse; pero la realidad de Puerto Rico es más dura que simplemente un “nos quedamos atrás.”
El desafío de nuestro gobernador, cabildero de la igualdad, a atender este asunto nos coloca en dirección contraria a la clara posición de la Casa Blanca a la que tanto mira nuestro gobierno para fondos, para ayudas, y para hacer valer los derechos de los puertorriqueños.
En meses recientes, Puerto Rico ha hecho movimientos legislativos paralelos a los hechos por la Casa Blanca; el proyecto de ley 1191 presentado en la Cámara siendo el más abarcador y completo. Así como él mismo busca descriminalizar la posesión del cannabis en la isla y eliminar la penalización, así como los antecedentes penales, creando un programa de asistencia social para comunidades y personas que han sido afectadas debido a la prohibición recreacional, busca legalizar el uso adulto y descriminalizar la posesión del cannabis en la isla y aportar de manera indiscutible al desarrollo económico de la isla mediante la inyección de fondos adicionales. La posición del ejecutivo, sin embargo, parece ser la de dejar el tiempo pasar sin atender este asunto que compete a legisladores, salubristas, economistas y ciudadanía por igual.
El presidente Biden fue claro en su mensaje, urge a los gobernadores a atender localmente, a nivel estatal lo que ya está estipulado a nivel federal. Sus directrices son claras e inequívocas.
¿Entonces qué? ¿Dónde queda Puerto Rico ante este escenario? La semana pasada un grupo de representantes presentó la Resolución 844, instando al gobernador a emular las directivas federales, mientras el primer ejecutivo insiste en ver los casos individualmente. En un país dónde sobran las crisis y escasean los recursos, ¿es esta verdaderamente la mejor manera de atender el asunto?
Señor gobernador, este pueblo espera que tome las riendas que le entregaron con su voto y que nos represente. La arbitraria manera de decidir “pa’ qué es bueno el americano,” no es cónsona con el ideal que le representa. Recuerde que la memoria del puertorriqueño no es tan corta como se dice, el tiempo pasa volando, y las próximas elecciones están a la vuelta de la esquina.
ARRDE es una organización sin fines de lucro con el objetivo principal de adelantar la discusión y lograr la aprobación del uso adulto del cannabis y su descriminalización mediante, la educación a los líderes de opinión, legisladores, personal de gobierno y comunidad en general.
