Por Nicolás José Rodriguez
El Planteo
El indulto de las condenas por consumo personal de cannabis, anunciado el jueves por el presidente de EEUU, Joe Biden, representa un triunfo histórico de las organizaciones de la sociedad civil. El indulto brinda una segunda oportunidad en la vida a miles de presos por cannabis y sus familias.
“Desde 1965, casi 29 millones de estadounidenses han sido arrestados por infracciones relacionadas con la marihuana, por actividades que la mayoría de los votantes ya no creen que deban ser un delito”, dijo el director ejecutivo de NORML, Erik Altieri.
Aunque el indulto no implica que los prisioneros de cannabis tendrán un lugar en esta industria en auge, en perspectiva, la combinación del indulto presidencial con la posible aprobación de la Ley SAFE Plus representará un cambio fundamental para la industria y una reivindicación histórica para la derecho a cultivar, vender y consumir cannabis.
“Es legal en muchos estados, y los antecedentes penales por posesión de marihuana han creado barreras innecesarias para el empleo, la vivienda y las oportunidades educativas”, dijo Biden.
Pero, ¿cómo afecta este cambio fundamental a los latinos en particular?
Los latinos en particular representan una parte importante de la población encarcelada por cannabis en los EEUU. Además, el reconocimiento de Biden de que la larga Guerra contra las Drogas ha fracasado y que es hora de seguir un camino diferente, puede tener un efecto geopolítico al sur de Río Bravo.
Muchos funcionarios latinoamericanos siguen de cerca las políticas de EEUU. Este proceso conocido como difusión de políticas puede contribuir al avance de la legalización del cannabis para adultos, abrir las cárceles, y generar oportunidades comerciales.
Latinxs regresan a sus familias y comunidades
Aunque el cannabis es una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo, más de 40,000 personas en los EEUU cumplen condenas federales por delitos relacionados con el cannabis.
EEUU tiene las tasas de encarcelamiento más altas del mundo. Dentro de ese sistema, lxs latinxs son aproximadamente el 30 por ciento de la población del país, pero casi el sesenta por ciento de los presos. Esto significa que, estadísticamente, 1 de cada 6 latinos varones será encarcelado en algún momento de su vida. Asimismo, lxs latinxs tienen un 53% más de probabilidades de ser condenados que los blancos por delitos de drogas, informó LULAC.
Aunque los hispanos representaban el 16% de la población adulta, en 2017, representaban el 23% de los reclusos. Había823 presos hispanos por cada 100,000 adultos hispanos, tres veces la tasa de los blancos (272 por 100,000).
Mientras tanto, según una encuesta de Marijuana Business Daily, solo el 5.7% de los propietarios de negocios en la industria del cannabis legal estatal eran hispanos/latinos, el 4.3 % eran negros, el 2.4 % eran asiáticos y un abrumador 81% eran blancos.
The Sentencing Project, un centro de investigación con sede en Washington, D.C., descubrió en 2021 que lxs latinxs fueron encarcelados a una tasa de 349 por cada 100,000 residentes. Los estadounidenses blancos no latinos fueron encarcelados en 261 por cada 100,000 residentes, informó USA News. “Seguramente hay más personas latinas en prisión de las que se informan oficialmente, pero se desconoce el número exacto”, según el informe.
El indulto de Biden y la guerra contra las drogas en América Latina
Desde 1971, EEUU ha gastado más de un billón de USD en un esfuerzo inútil: desmantelar los cárteles.
El legado de la Guerra contra las Drogas ha resultado en un crecimiento exponencial del narcotráfico, cientos de miles de muertes, desaparicidos, desplazados y la destrucción de las economías locales. Este tortuoso proceso ha convencido a la sociedad civil y algunos partidos políticos de América Latina de que la Guerra contra las Drogas debe terminar.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro pidió un cambio de política. El mandatario llamó a pasar de atacar la producción de drogas a reducir el daño causado por el uso problemático de sustancias, y formalizar la industria del cannabis para recaudar impuestos y financiar nuevas políticas.
De hecho, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó recientemente un proyecto de ley para legalizar el cannabis de uso adulto. Con la legalización del cannabis para adultos, la administración Petro busca crear empleos, aumentar la participación de las comunidades en la renta rural y diversificar las economías regionales, más allá de los productos básicos tradicionales como el café, el cacao, la caña o las frutas.
¿Es este un proceso que podría extenderse al resto del continente? No podemos afirmar eso, pero podemos observar las tendencias.
El cannabis de uso adulto ya es legal en Uruguay. Mientras tanto, México, Costa Rica, Panamá, Chile, Perú, Paraguay y Argentina ya cuentan con algún tipo de legislación que permite a los pacientes acceder al cannabis medicinal.
Aunque en Brasil los pacientes todavía tienen que pasar por un largo proceso para obtener productos de cannabis, las cosas podrían cambiar si Lula Da Silva es elegido presidente. En junio, la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil autorizó a tres personas a cultivar marihuana con fines medicinales.
En Chile, una reforma del cannabis podría retrasarse tras el rechazo en las urnas de la nueva constitución. La administración del Presidente Boric podría adoptar un tema menos controvertido para acordar con sus oponentes políticos.
En Argentina, el Ministro de Economía, Sergio Massa, mantiene estrechos vínculos con funcionarios de EEUU, y probablemente, tomarán nota de la decisión del presidente Biden, en particular, porque Massa ha apoyado la Guerra contra las Drogas y la DEA.
Ahora, ¿quién sabe?.
