Por Miguel Díaz Román
Especial para Crónicas
San Juan (21 de abril de 2021) – Las últimas estadísticas de recaudos del IVU en las ventas de cannabis medicinal reflejan una significativa merma para los meses de noviembre, diciembre y enero del presente año fiscal, lo cual concuerda con la disminución de las ayudas federales distribuidas para enfrentar los efectos de la pandemia como el cierre de algunos sectores de la economía y el alza en el desempleo, según indicó José Rivera, presidente de Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (MICaM), organización que agrupa a los empresarios de este sector emergente.
Rivera dijo que la merma en ventas de cannabis medicinal que señalan las estadísticas del Departamento de Hacienda para los meses de noviembre, diciembre y enero están directamente relacionadas con la disminución de los fondos que el gobierno federal distribuyó en la isla. A partir del mes de abril de 2020 los consumidores comenzaron a recibir el incentivo de $1,200 por persona, $500 por cada hijo menor de edad por familia y los pagos de $600 semanales a los desempleados.
De acuerdo con Hacienda, las ventas de cannabis medicinal registraron ventas de $17.1 millones en noviembre; $16 millones en diciembre y $15.6 millones en enero del 2021, lo que representa una merma de entre $5 millones y $8 millones con el patrón de ventas registrado entre junio y octubre del 2020, cuando las ventas oscilaron entre $22.3 millones y $24.9 millones por mes.
Hacienda informó recaudos por concepto del IVU de $1.8 millones en noviembre, de $1.6 millones en diciembre y $1.1 millones en enero. Los recaudos de julio a octubre oscilaron entre $2.8 millones y $2.4 millones.
“Esas estadísticas van a la par con la entrada y salida de dinero de las ayudas federales que se recibieron. Cuando las personas reciben el dinero se ve una venta mayor y cuando el dinero se va gastando, pues la venta se reduce. Ahora, con la nueva ayuda federal ($600 en enero que aprobó el ex presidente Donald Trump y $1,400 para las personas y $300 semanales para los desempleados aprobados por el presidente Joe Biden) veremos un aumento en los próximos meses”, dijo Rivera.
Las ex directoras de la Oficina de Cannabis Medicinal (OCM), Mayra Maldonado Colón, quien dirigió la oficina entre el 2016 y 2019, y Denise Maldonado Rosa, que estuvo al frente de la entidad desde 2019 hasta enero del 2021, reaccionaron incrédulas a las últimas estadísticas de Hacienda.
Las ex funcionarias señalaron por separado, que la merma en los recaudos aconteció a pesar de que se ha registrado un incremento de nuevos pacientes con licencias para adquirir el producto.
“El pasado año hubo un crecimiento de 13,000 nuevos pacientes”, dijo Maldonado Rosa.
Agregó que la merma en ventas y recaudos era contraria a la experiencia palpable en la calle. “Esta pandemia lo que ha hecho es disparar el consumo por la ansiedad que causa en los pacientes. Si algo no ha bajado en la pandemia es la venta de cannabis medicinal”, insistió la ex directora de la OCM.
Rivera reiteró que el alto consumo está vinculado directamente a la distribución de las ayudas federales y advirtió que a pesar de los nuevos pacientes licenciados, el número de pacientes actualmente asciende a 112,000, una cifra que no demuestra una alta de tasa de crecimiento con respecto a los cerca de 100,000 pacientes que habían varios años atrás.
Maldonado Rosa indicó que las proyecciones iniciales del gobierno vislumbraban que para el 2020 deberían haberse registrado más de 200,000 pacientes.
“Eso no pasó”, sostuvo.
Antes de la licencia o identificación oficial como paciente, que la provee la OCM, es necesario obtener una certificación de un médico.
“Ha habido un estancamiento en la aprobación de nuevas licencias para pacientes y obviamente, esto obedece a lo complejo que puede ser para muchos pacientes lograr una certificación de un médico por las plataformas digitales (por las restricciones impuestas por la pandemia) y en la OCM. Hay mucho desconocimiento en el manejo de las plataformas digitales y, además, faltan empleados en la OCM. Una cosa va cogida de la mano con la otra”, dijo Rivera.
El presidente de MICaM indicó que el alto costo para obtener una certificación médica, la licencia y la renovación, puede ser un factor que propicie la merma en pacientes nuevos.
“Una certificación y una renovación de licencia puede costar entre $85 y $200. Es un costo muy oneroso para mucha gente y ese es un factor que tenemos que considerar”, dijo Rivera en alusión al trámite requerido para que un paciente obtenga una licencia que le permite comprar productos de cannabis medicinal en los dispensarios.
El alto precio de los productos de cannabis medicinal es un obstáculo al crecimiento de pacientes, pues “no todo el mundo tiene el dinero en efectivo para comprar los productos”, dijo Maldonado Rosa.
Otro factor, según la ex directora de la OCM, que incide en el bajo crecimiento de pacientes es que las aseguradoras de salud aún no han aceptado que los productos de cannabis medicinal figuren en su cubierta de medicamentos. También mencionó la falta de dispensarios en numerosos pueblos de la isla, mientras que en la zona metropolitana existe “una saturación de dispensarios”.
“Yo entiendo la obligación recaudadora del estado, pero el cannabis es medicinal, es una medicina. Y esta es una industria que paga impuestos en cada eslabón de la cadena de distribución. Si no se puede quitar el impuesto a los pacientes, yo había recomendado que se bajara el IVU, de la misma manera como se hizo con la comida en restaurantes. Es una propuesta que no está en consideración, pero no es lo mismo pagar 5 % o 7 % en IVU, que pagar 11.5 %”, agregó Maldonado Rosa.
De hecho, las dos ex directoras de la OCM coincidieron en que se desconoce la aportación contributiva que pagan las empresas de cannabis medicinal en contribuciones sobre ingresos, una cifra que ayudaría a tener una visión más amplia de monto contributivo que paga el sector, incluyendo los pagos por IVU, y el peso que representan esos pagos en sus operaciones.
Según las estadísticas de Hacienda las ventas de cannabis medicinal ascendieron a $12.7 millones en el 2018; $49.4 millones en 2019; $129,3 en 2020 y $229.2 millones en los primeros seis meses del año fiscal 2021.
Sobre este aspecto Rivera señaló que una solución que la MICaM ha propuesto, la cual ha sido establecida en California y Colorado, es eximir del impuesto a los productos adquiridos por pacientes certificados y con licencia para uso medicinal y permitir la venta del cannabis medicinal sin receta a personas para “uso adulto” y a esas ventas imponer el IVU.
“Lo hemos propuesto en el pasado y (el gobierno) no lo han considerado”, agregó.
Rivera indicó que los altos costos de licencias para dispensarios y para las operaciones de siembra y manufactura convierten a las empresas de cannabis medicinal en las industrias que más pagan al gobierno por derechos de licencia.
“Una licencia para un dispensario de 2,500 pies cuadrados paga $25,000 en licencias. El pago aumenta según aumenta el pietaje, y si tiene siembra es mayor. Esto no incluye el pago por licencias de transporte y si tiene alguna multa. No existe otra empresa en el mercado que tenga tantos costos en licencias”, explicó Rivera.
El presidente de MICaM indicó que los altos costos por derechos de licencia repercuten adversamente en el costo de los medicamentos. “Le hemos estado comunicando al ente regulador que los altos de licencias se ven reflejados en el precio de los productos y los hemos exhortado a considerar bajar esos altos costos”, dijo Rivera.
Otro factor que afecta la industria es que el reglamento solo permite realizar ofertas de precios en promociones a través de la página digital de las empresas o en el interior de los dispensarios, lo que implica que las empresas de cannabis medicinal no pueden publicar anuncios en los medios de comunicación con ofertas especiales.
“La competencia crea mejores precios”, sentenció Denise Maldonado.
