San Juan, 23 de noviembre de 2021 – El representante popular Héctor Ferrer Santiago es una de las voces de la política más activas a favor de la industria del cannabis. Su interés en la planta medicinal comenzó cuando su padre, el fallecido representante Héctor Ferrer Ríos, tomó la decisión de certificarse como paciente de cannabis medicinal para aliviar los efectos de la enfermedad de cáncer con la cual batalló durante años.
“Luego de la muerte de mi papá, por razones médicas y aunque no lo uso frecuentemente, la consumo y me ayuda. Viendo el trend (la tendencia) mundial que hay con la industria del cannabis, Puerto Rico tiene que tomar decisiones de cara al futuro con la industria”, añadió el representante.
Según comentó só a Crónicas, la despenalización y la legalización del cannabis son dos caminos fundamentales que aún faltan por recorrer.
“Crear un marco regulatorio para la legalización del cannabis sería de gran importancia para el país, no tan solo en el desarrollo económico sino en su avance social. Tenemos una oportunidad única de ser pioneros en el Caribe en este tema y a veces tenemos que dejar a un lado nuestra filosofía y pensar en el país. Más aun en momentos cuando se habla de recortes a las pensiones, es una oportunidad única de proteger a nuestros pensionados utilizando el marco regulatorio del cannabis”, aseguró Ferrer Santiago.
Actualmente, el representante se encuentra en la preparación de una pieza legislativa a favor de la despenalización y descriminalización del cannabis. Para incorporar el sentir y las recomendaciones de la industria, convocó una serie de mesas de diálogo junto a un robusto equipo de expertos del cannabis. Además, llevó a cabo el pasado mes de noviembre una serie de orientaciones y charlas dirigidas a sus compañeros del cuerpo legislativo.
“Lo más importante en las mesas de diálogo fue el consenso de que la guerra contra las drogas fracasó. Y que Puerto Rico no puede continuar gastando tiempo y dinero en perseguir a una persona que no es un criminal, que es un paciente. Se recogió el insumo y estamos trabajando en un proyecto para poder compartirlo con las personas que estuvieron participando y presentar la legislación”, dijo el representante.
Según datos provistos por Ferrer Santiago, las intervenciones criminales que terminan en convicciones le cuestan al erario más de $138 dólares al día; o sea, más de $50,000 al año
Se espera que el proyecto de ley esté disponible para finales del mes de noviembre.
