Por Némesis Mora Pérez
San Juan, 23 de noviembre de 2021 – La industria del cannabis en Puerto Rico se encuentra en un momento histórico al tener sobre la mesa de la Cámara de Representantes la posibilidad de que se despenalice la posesión simple de 14 gramos o menos de cannabis a través de los Proyectos de la Cámara 975 y 1037.
Sin embargo, no todos los expertos en la industria están de acuerdo con lo expuesto en las medidas presentadas por los representantes Aponte Rosario, Santiago Nieves, Franqui Atiles y Pérez Cordero. En su mayoría, grupos de empresarios, académicos, organizaciones y salubristas coincidieron en pedir la revisión de uno o ambos proyectos y añadir recomendaciones claves para ayudar a fortalecer y flexibilizar la industria.
Para el profesor de la Universidad de Puerto Rico y Lcdo. José Antonio Maes Aponte, no basta con la despenalización sin antes preparar un marco regulatorio sólido que favorezca la legalización del cannabis y garantice seguridad social, económica, salubrista y seguridad pública a todo aquel que consuma la planta.
De lo contrario, el académico prevé que podría haber un aumento significativo en la compra ilegal de cannabis en el mercado negro, cuyo producto suele estar contaminado con pesticidas, agroquímicos prohibidos, metales pesados, yeast y mold.
De enmendar el Artículo 404 de la Ley de Sustancias controladas de Puerto Rico y despenalizar el cannabis, cualquier persona mayor de 21 años podría comprar y consumir la planta sin la necesidad de certificarse como paciente y sin la obligación de mostrar la procedencia de la misma. Según Maes, esto disminuiría considerablemente la cantidad de pacientes registrados al programa de cannabis medicinal del Departamento de Salud, situación que ya perjudica a dispensarios, cultivos y manufactureras en la isla.
Según las estadísticas actualizadas por la directora ejecutiva de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, la licenciada Arlene Questell, actualmente existen 119,928 pacientes activos. Aunque para Maes Aponte, la cantidad de establecimientos disponibles y los altos niveles de producción en la industria son suficientes para atender una demanda aproximada de 300,000 a 350,000 pacientes.
Pero, ¿qué cambios proponen los proyectos de la Cámara 975 y 1037 a la Ley de Sustancias Controladas?
PROYECTO DE LA CÁMARA 1037
Esta medida propone eximir a cualquier persona de sanciones penales, arrestos y/o procesos judiciales por la posesión de 14 gramos o menos de cannabis para uso personal. Quienes no cumplan con lo expuesto, serán penalizados con una multa administrativa de $500.
La posesión ilegal de más de 14 gramos de cannabis, sigue siendo un delito grave y tiene pena de reclusión de entre tres a cinco años.
“Si una persona puede tener la posesión de 14 gramos sin importar la procedencia de ese cannabis, básicamente pudiéramos entender que se están reviviendo los puntos de drogas relacionados con el cannabis. Si una persona es intervenida y no tiene que decir la procedencia de esa marihuana, eso implica que cualquier persona puede comprar la marihuana en el mercado negro sin ningún tipo de consecuencia legal o jurídica”, añadió Maes Aponte en entrevista con Crónicas.
El presidente de la Asociación de Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (MICaM), el Lcdo. José Alcázar Rivera, comparte la línea de pensamiento del profesor Maes Aponte. Según explicó a este medio, MICaM está a favor de la despenalización y descriminalización del cannabis siempre y cuando se implemente un programa que clarifique cuáles serán los lugares seguros y legales para la compra de cannabis.
“Estamos 100% de acuerdo con la despenalización y la descriminalización del cannabis. Es un asunto de justicia social. No cabe duda. Pero por otro lado, y simultáneamente, hay que crear un marco regulatorio que les permita a estos individuos que no son pacientes tener un lugar seguro y legal para comprar cannabis. Porque sino, lo que estás haciendo tras bastidores es incentivando la compra ilegal de cannabis en los lugares clandestinos y en los puntos de drogas. Hay que establecer un programa para que estas personas puedan conseguir el cannabis legal, de forma legítima y que sea un producto saludable”, aseguró el presidente de MiCam.
Mientras que para el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), la despenalización debería ampliarse a otras sustancias controladas para así acabar con la cultura punitiva que penaliza a los enfermos sin ofrecerles a cambio una solución a sus problemas de adicción a drogas.
A recomendación del presidente del CMCPR, el doctor Víctor Ramos Otero, las multas establecidas en el proyecto deberían ser destinadas a un fondo de rehabilitación y atención para personas con problemas de adicción a sustancias controladas y a la educación sobre los riesgos a la salud de las drogas.
“El gobierno debe cesar de penalizar a los enfermos y debe centrar todos sus esfuerzos y recursos en asegurar una política efectiva en contra del tráfico ilícito de estupefacientes”, añadió Ramos Otero en su ponencia para las vistas públicas de ambos proyectos.
PROYECTO DE LA CÁMARA 975
Este proyecto dejaría a manos del pueblo la decisión de la despenalización por medio de un referéndum, cuyo costo total es de unos $2.5 millones. Según el Artículo 14 de la medida, los gastos de la consulta se les otorgaría a la Comisión Estatal de Elecciones por medio del Fondo General.
“Convocar a un referéndum para despenalizar el uso personal de la marihuana consideramos que es un mal uso de fondos públicos, ya que esta decisión se puede tomar por medio de legislación”, argumentó en vista pública la coordinadora del Programa Políticas de Drogas ConCiencia en Intercambios Puerto Rico, Carla Correa Cepeda.
En la papeleta del referéndum, los ciudadanos tendrán que marcar “Sí” o “No” a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que la posesión simple de 14 gramos o menos de cannabis dirigidos al consumo personal sea sancionado con multas administrativas no criminales?”.
De ganar el “Sí”, el Gobernador tendrá que aprobar la legislación dentro del término de 60 días.
El referéndum busca llevarse a cabo la segunda semana del mes de julio de 2022.
“Nos encontramos en el mejor clima para tener el referéndum utilizando la misma fórmula que en otros estados. El ciudadano ahora va a tener una alternativa para opinar sobre este importante tema…Reconociendo la importancia del momento histórico que estamos viviendo, no podemos hablar de despenalización sin hablar de establecer un programa para el uso adulto recreacional. Este lenguaje debe insertarse en la conversación para que pueda tener el mayor apoyo de todos los sectores de la sociedad puertorriqueña”, dijo a este medio la fundadora y CEO de El Morro Technologies, Teresita Santiago.
Por otro lado, el CMCPR y la Asociación de Canna-Pacientes de Puerto Rico (ACP-PR), se mostraron a favor de la despenalización del cannabis pero no por medio de un referéndum.
“Nosotros entendemos que la Asamblea Legislativa tiene todas las facultades y poderes para despenalizar por vía legislativa sin necesidad de gastar recursos del lastimado erario. Para nosotros, el cannabis es una medicina que se debe despenalizar por razones de justicia”, aseveró en su ponencia el portavoz de la ACP-PR, Raúl Mari Fernández.
