Por Miguel Díaz Román
Para Revista Crónicas
Dos proyectos de ley que pretendían imponer más restricciones y trabas a la industria floreciente del cannabis medicinal, presentadas por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), perecieron en el proceso legislativo, cuyas agitadas aguas se han enfurecido aún más con la agria rivalidad entre los bandos que favorecen a la gobernadora Wanda Vázquez y a su rival en las primarias, Pedro Pierluisi.
El Proyecto de la Cámara 2512, presentado por los representantes Jorge Navarro Alicea y Gabriel Rodríguez Aguiló, y el Proyecto del Senado 1317, radicado por Thomas Rivera Schatz, no lograron superar los escollos del proceso del legislativo. Aunque la medida radicada por el presidente del Senado fue la que más oportunidades tuvo, pues alcanzó la aprobación en ambos cuerpos, no pudo superar las diferencias en el Comité de Conferencia y se colgó a última hora, cuando llegaba a su fin la última sesión legislativa.
La medida 2512 se aprobó en la Cámara pero en el Senado se estancó en la Comisión de Reglas y Calendarios, que es la Comisión que decide las medidas que se presentarán para aprobación en el hemiciclo.
“Mi proyecto está muerto. Ya no tiene oportunidad porque no se aprobó en el Senado. Habrá que esperar al año próximo…”, dijo el representante Navarro Alicea, quien fue severamente amonestado por Rivera Schatz, quien también es el presidente del PNP, por el comportamiento del legislador en establecimientos nocturnos.
“Por más de un año se había llegado a un acuerdo entre el Senado y la Cámara, para que cada cuerpo aprobara la medida radicada por el otro cuerpo. Ambas medidas enmendaban la Ley 42 del 2017, que permitió establecer la industria del cannabis medicinal, pero tenían algunas diferencias en áreas de atención. Ese era el acuerdo antes de que la gobernadora Wanda Vázquez dijera que iba a correr, pero con la diatriba causada con la primaria la cosa cambió”, dijo un fuente muy conocedora del curso tomado por ambos proyectos en la Legislatura, que prefirió mantener su anonimato.
A pesar de que existen voces que alegan la posibilidad de que el Proyecto 1317 resucite en la sesión extraordinaria que la Gobernadora se propone convocar, los conocedores del proceso legislativo sostienen que la falta de acuerdo en el Comité de Conferencia impide que la medida se incluya en la agenda de la extraordinaria, la cual , además, es una gestión exclusiva de la Gobernadora.
“No creo que se incluya en la extraordinaria”.
Jorge Navarro, representante
“Creo que lo mejor que ha pasado es que la Legislatura no aprobara nada, porque las medidas no favorecían la industria, y el Proyecto 1317, que fue el que más lejos llegó, no permitía que gente que conoce la industria forme parte de la Junta Reglamentadora y detenía la aprobación de nuevas licencias (para dispensarios). Eso afecta a los pacientes que viven en pueblos donde no hay dispensarios de cannabis. En realidad hay necesidad de dispensarios en muchos pueblos, y por eso no se debe detener la aprobación de licencias”, dijo la licenciada Mayra Maldonado, ex directora de la división de Sustancias Controladas y la Oficina de Cannabis Medicinal y quien actualmente ofrece los servicios de cumplimiento a los diversos participantes de la industria.
Maldonado descartó que la medida 1317 pueda resurgir en la propuesta sesión extraordinaria.
“No es el tipo de medida para una extraordinaria”.
Mayra Maldonado
La medida de Rivera Schatz eliminaba la licencia de médico autorizado y establecía el requisito para los médicos de tomar seis créditos anuales en educación continua sobre el cannabis; aumentaba de nueve a 11 los miembros de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal; establecía que ninguno de los miembros de la Junta puede tener intereses en la industria del cannabis; detenía la concesión de nuevas licencias hasta la realización de un estudio sobre la saturación de esta industria y exigía que antes de prescribir una receta de cannabis medicinal, los médicos deben hacer una evaluación completa del paciente.
Mientras, la medida de Navarro y Rodríguez Aguiló, aumentaba las responsabilidades para reglamentar y fiscalizar la industria de parte del director ejecutivo de la Oficina de Cannabis Medicinal, adscrita al Departamento de Salud, y del personal a su cargo, y permitía que el gobernador(a) nombrara a tres de los nuevo miembros de la Junta, pero ninguno de ellos podía tener intereses en la industria del cannabis medicinal, ni tampoco sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.
También establecía como requisitos determinados equipos tecnológicos para el rastreo y la fiscalización de los productos y cultivos de cannabis con el fin de impedir el lavado de dinero y otras actividades presuntamente ilegales.
La ignorancia gubernamental afecta a la industria
“Que la Junta no tenga miembros que conozcan la industria del cannabis es una crítica que se le hizo a estas medidas, porque muy pocos de los miembros actuales de la Junta han pisado alguna vez un establecimiento de cannabis. Y regular y fijar la política pública de una industria que no se conoce resulta bastante complicado, por no decir cuestionable”, dijo José Maes, principal oficial de Operaciones de la empresa PRICH, que maneja cultivos, instalaciones de manufactura y dispensarios.
Maes indicó que la evaluación de ambas medidas careció de un proceso de consulta con los diversos participantes de la industria.
“La participación de la industria fue muy pobre”, dijo Maes, quien agregó que más que nuevas leyes y enmiendas a la Ley 42, existe una necesidad real de mejorar el reglamento actual, que es el documento que rige las actividades diarias de la industria de cannabis medicinal y de los pacientes.
Indicó que la redacción del reglamento fue realizada por personas que no conocen cómo funciona la industria y desconocen las necesidades de los pacientes, lo que ha provocado que existan disposiciones sin sentido, confusas, contradictorias y encontradas con otras.
“Todo lo que es la parte del reglamento de empaque, la parte de publicidad y la parte de laboratorios es bastante confusa. Hace falta un buen reglamento que incorpore los puntos de vista de la industria y de los pacientes”, concluyó Maes.
