Por Lcda. Denise Maldonado Rosa
Directora Ejecutiva de la Oficina de Cannabis Medicinal
Han sido muchos las conjeturas con la directriz emitida por los miembros de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, en cuanto a remover los dispensadores de efectivo, mejor conocidos como “ATMs”, por sus siglas en inglés, de los dispensarios de cannabis medicinal.
El gobierno federal aún considera el cannabis una sustancia controlada ilegal, sin ningún propósito médico avalado. El problema básico y principal por el cual los miembros de la Junta ordena el retiro de las máquinas “ATM” fuera de los predios de los dispensarios, es que estas son auspiciadas por bancos que están registrados en el Banco de la Reserva Federal.
Por lo tanto, cualquier máquina que esté en funcionamiento en un lugar donde se llevan a cabo actividades ilegales al amparo de las leyes federales, va en contra de los estatutos de la Reserva Federal, por ende, se considera lavado de dinero. El evitar el lavado de dinero, es una de las ocho prioridades que se deben seguir rigurosamente según las guías federales, para poder mantener en cumplimiento un programa estatal de cannabis medicinal.
Entre los problemas que acarrean estas ATMs dentro de los establecimientos de cannabis medicinal, es el poder identificar la procedencia del dinero para cargar dichas máquinas, que estas no están debidamente identificadas para que una persona pueda hacer una reclamación y no menos importante es el factor de que se desconozca quién es el dueño y/u operador de la misma, incluyendo el factor de que la máquina en efecto esté localizada en la dirección física que indique el contrato.
La decisión de instruir a los dispensarios a retirar las máquinas de “ATMs” fuera de los establecimientos fue precedida por un análisis ponderado de la legislación y regulaciones federales vigentes.
Para esto, fueron consultados conocedores sobre el tema, se participó de foros sobre la banca y el cannabis y se analizó como dicha determinación pudiese afectar la industria del cannabis medicinal en general. Es menester mencionar que todos los miembros de la Junta, incluyendo la representante de los pacientes, participaron del proceso.
En fin, la decisión está basada en proteger el programa de cannabis medicinal y cumplir con todas las guías y disposiciones federales para evitar su intervención y/o cierre del programa.
Por último, es fundamental aclarar que la intención de las actuaciones de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal jamás estará enfocada en generar “mayores trabas o trabas adicionales” a los pacientes de cannabis medicinal.
